Tal sería el caso de firmarse un contrato de inversión sin haber cumplido requisitos previos tales como la presentación de un proyecto concreto, con una ubicación acorde con las directrices departamentales de ordenamiento territorial, así como de un estudio de impacto ambiental y la evaluación correspondiente.
A la luz de experiencias anteriores, como el contrato firmado con Montes del Plata, se vulneraron normas legales y atribuciones de otros poderes del estado, se otorgaron beneficios fiscales y facilidades de zona franca, así como la imposibilidad de modificar los aportes tributarios, que no posee la industria nacional, además de comprometer la posibilidad de someter al país a juicios internacionales. Como resultado de lo anterior, Uruguay no solo no alcanzaría logros relevantes con la instalación de esa planta de celulosa, tendría además pérdidas significativas tanto desde el punto de vista económico, como social y ambiental. IMPACTOS ECONÓMICOS ¿Cuál ha sido el aporte de las pasteras en zona franca? ¿Cómo se justifica otorgar los beneficios de zona franca a una industria hoy altamente rentable y que hace uso directo de recursos naturales en los que tenemos disponibilidad local y evidentes ventajas comparativas, que no abundan en el mundo? Si sumamos las cifras declaradas por las tres plantas de celulosa, se invertirían US$ 7.600 millones y ganarían US$ 24.361 millones. Es decir que, descontada la inversión, tienen un lucro de US$ 16.761 millones. Por cada dólar invertido, se llevan 2.20. O sea que no realizan ningún “aporte” por la extracción de recursos del país. ¿Por qué no dirigimos nuestros recursos según nuestras decisiones? El establecimiento de la base forestal costó mucho dinero en subsidios y mucho más en renuncias fiscales. Eso sin entrar en la discusión sobre la pérdida de puestos de trabajo, degradación de los recursos hídricos y otros costos sociales y ambientales que se asocian con los monocultivos de árboles. Al ampliarse la superficie forestada para abastecer a una tercera planta de celulosa se perderán nuevas áreas aptas para la producción de alimentos, carne, leche, cultivos. INFRAESTRUCTURA Tenemos carreteras y caminos destrozados por esta actividad, cuyo mantenimiento y reconstrucción venimos pagando nosotros, inclusive con accidentes y muertes. Dado que UPM lo plantea ahora como una condición previa, pagaremos con anticipación y el gasto seguirá a cargo del estado uruguayo, sin contrapartida de las empresas. En los casos en que luego de inversiones millonarias por parte del estado, como en el puerto de La Paloma, se le exigió una contrapartida a las empresas, el dragado, éstas no accedieron a hacerlo y se perdieron cuantiosas inversiones. El gobierno dice que “va a invertir en infraestructura”. Si aportará US$ 1.000 millones: ¿por qué no poner nosotros condiciones? Si es una inversión: ¿por qué no participar en las ganancias del proyecto? Por otra parte, no se sabe de dónde sale la cifra de US$ 4.000 millones que invertiría UPM porque la empresa no lo ha dicho y una planta similar en Finlandia estaría costando US$ 1.500 millones. Se menciona la reconstrucción de una línea de ferrocarril. ¿Desde cuándo se habla de su necesidad para el pueblo uruguayo? Se lo ha dejado agonizar. Tenía que venir una transnacional para que, entonces sí, se diga que se hará. Es un tema de fondo de la política económica oficial. Afirman que “el mercado” decide, que el Estado no interviene. Pero el Estado interviene y mucho, otorgando renuncias fiscales y garantías soberanas para las empresas transnacionales. BALANCE ENERGÉTICO Una de las "ventajas" atribuidas a las plantas de celulosa es la generación de energía "limpia" a partir de biomasa para el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, el balance energético de esas plantas es negativo, son fábricas comunes que consumen fueloil y complementan sus necesidades con biomasa. En el período 2011-2016, compraron fueloil a ANCAP y quemaron casi el doble de la energía que le vendieron a UTE. ¿Por qué ANCAP vende el fueloil a las plantas de celulosa entre la mitad y un tercio del precio a que se lo vende a las industrias locales que pagan todos sus impuestos y generan muchas más fuentes de trabajo? ¿Cómo se explica, además, que el precio para las pasteras sea inferior al que ANCAP paga cuando lo importa? IMPACTOS SOCIALES A pesar de la planta de Botnia/UPM, cuya producción se inició en 2007, Río Negro se mantuvo entre los departamentos con mayor tasa de desempleo del país. Entre 2008 y 2010, estuvo en el primer lugar; en 2011 fue superado por Artigas, Durazno y Treinta y Tres; y en 2012 solo Durazno tenía mayor porcentaje de desocupación. El empleo definitivo en una planta de celulosa es pequeño, solo existe un empleo temporal en precarias condiciones, con trabajadores extranjeros sin poder controlar el respeto de los derechos laborales de todos y con graves impactos sociales (aumento de arrendamientos, desorden social local, prostitución, etc.). Los Censos Agropecuarios entre 2000 y 2011 muestran que el empleo en el sector forestal se redujo de 4,5 a 1,8 trabajadores cada mil hectáreas, mientras que en la ganadería se situaba en 5,8 y 4,7 trabajadores, respectivamente. No es correcto atribuir a las plantas de celulosa los empleos en plantaciones ya existentes. Las nuevas plantaciones de eucaliptos profundizarán el proceso de desertificación del territorio al Norte del país y la fragmentación de la sociedad rural. Se acentuará la desaparición de pequeños y medianos establecimientos, que son los pilares de la sociedad que vive en el campo, sustituyéndolos con empleos temporales poco especializados, con condiciones de trabajo precarias y peor pagadas. IMPACTOS AMBIENTALES Un primer punto a destacar es la gran concentración de agentes contaminantes que deberían ser absorbidos en una pequeña región del territorio. Las plantas existentes en el país están separadas unos 150 kilómetros, la proyectada sería equivalente a la suma de las dos en un mismo lugar, a lo que se agrega un caudal siete veces menor al del Río Uruguay. La contaminación del Río Negro ha pasado a ser un consenso, como lo es la del Río Santa Lucía. Las cianobacterias permanecen incluso en invierno, cuando lo normal en esa estación era que prácticamente desaparecieran. Ya existe una disputa por el uso de los recursos hídricos en esa zona: ganadería, generación de energía, nuevos planes de riego, plantaciones forestales. Se agregaría una mega planta de producción de celulosa, muy demandante por si misma del recurso, una situación que se agravará en los períodos de estiaje. La producción diaria de celulosa en la nueva planta sería de unas 7.400 toneladas, lo que implicaría una extracción diaria de agua de 214.600 m3 (similar al consumo de los habitantes de Montevideo) y una devolución diaria de 185.000 m3 como efluentes. De esta manera, la planta consume 29.600 m3 diarios de agua, pero la pérdida para generar energía es dos veces ese volumen, es decir 59.200 m3, porque el agua del Río Negro se turbina más adelante en las represas de Baygorria y Palmar. Los efluentes de una planta de celulosa tienen una gran variedad de componentes: sustancias orgánicas consumidoras de oxígeno, fósforo y nitrógeno, arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, zinc, sustancias muy tóxicas -dioxinas, furanos, fenoles-, materiales particulados, compuestos clorados orgánicamente ligados (AOX), compuestos de azufre, agentes microbiológicos, etc. Asimismo, estas plantas generan un aumento importante de las emisiones de dióxido de carbono, óxidos de carbono y otros compuestos que hacen que Uruguay sea un contribuyente real al efecto de invernadero promotor del cambio climático en vez de un sumidero de carbono, como se ha tratado de propagandear. Curiosamente, en los informes del país no se incluyen estas emisiones. Ya que se habla de las 'últimas tecnologías disponibles', ¿Por qué no se utiliza el agua en circuito cerrado o quasi cerrado? ¿Y la tecnología libre de cloro? Por último, una evaluación de los impactos de las plantas de celulosa no puede ser ajena a los de la forestación, que van desde la reducción del rendimiento hidrológico y la biodiversidad, hasta una grave alteración de la materia orgánica y las propiedades físico-químicas de los suelos desarrolladas a través de siglos. En particular, debería preocupar la vulnerabilidad hídrica de la población de las zonas altamente forestadas, dado que la afectación del ciclo hidrológico implica pérdida de resiliencia del país ante los efectos adversos del cambio climático. EN CONCLUSIÓN Exceptuando la etapa inicial de la construcción, que puede durar unos tres años, los impactos económicos de una planta de celulosa en las condiciones admitidas por el gobierno son negativos, a corto, mediano y largo plazo. La inserción internacional es de las peores posibles, y el “crecimiento” de que se habla engaña, ya que la mayor parte del ingreso generado no queda en el país. En definitiva, Uruguay no ganaría nada significativo con la instalación de esa planta, pero además saldría perdiendo en cada uno de esos aspectos. Si nos preocupa el bienestar de la población y que la naturaleza pueda seguir proporcionando servicios ambientales imprescindibles, como el agua para consumo humano y animal, con este proyecto nos alejamos de los más elementales conceptos de Desarrollo. Para no hacerlo, deberían al menos cumplirse condiciones básicas tales como: - la transparencia, sobre todo que se empleen mecanismos de participación pública que permitan a la sociedad involucrarse en decisiones claves para optimizar los beneficios de los recursos existentes en el territorio nacional; - una inversión extranjera acorde con un Programa Nacional de Desarrollo, donde sus objetivos, condiciones y demás los fijemos colectivamente. Nosotros debemos decidir, no someternos a designios extranjeros; y - una forestación a una escala que respete suelos y cuencas hidrológicas, así como las actividades productivas tradicionales; que impulse también maderas nobles y el máximo de valor agregado, donde la celulosa (un commodity) se industrialice en el país de distintas maneras y haciendo papel, para consumo interno en primer lugar, capacidad que acabamos de perder con el cierre de Fanapel, que no mereció del gobierno poco más que una declaración. Que se ignore la propia experiencia de Uruguay es triste y preocupante. ¿Por qué no se analizan y debaten estos temas abiertamente con la población? MOVIMIENTO POR UN URUGUAY SUSTENTABLE (Movus) 25 de mayo de 2017. Contactos de referencia: Ana Filippini 098 407 572 Angel Segura 098 726 485 Carlos Anido 099 494 679 Elizabeth Díaz 099 375 508 Gustavo Melazzi 2622 6584 Raúl Viñas 099 648 685 Víctor Bacchetta 098 935 317
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Por Raúl Viñas, en El Telescopio 3/1/2017. Por estos días, las tratativas o negociaciones entre el gobierno y la empresa UPM para que esta instale una segunda planta de producción de celulosa en Uruguay ocupan amplios espacios en la prensa y en los tiempos de nuestros gobernantes. Así, varios grupos de trabajo de nivel ministerial estarían analizando diferentes factores como la infraestructura, temas ambientales y condiciones financieras. Además, en los primeros días de febrero el Presidente Vázquez viajará a Finlandia. (1) Tanto es así que un observador externo podría pensar que lo de UPM es la única opción de crecimiento a la que apuesta el gobierno. Toda esta efervescencia local no se refleja en las comunicaciones oficiales de UPM que en Julio solo decía estar estudiando la posibilidad a largo plazo de aumentar su capacidad de producción en Uruguay y que en su último informe a los accionistas de octubre no agrega nada nuevo repitiendo que: “In Uruguay we are continuing negotiations on prospects for long-term development.” Eso, mientras esos mismos reportes anuncian inversiones en Polonia y Finlandia por algo más de 200 millones de dólares para 2017 y 18. Está claro que hasta la fecha UPM no se plantea plazos para ampliar su capacidad en Uruguay, mientras que aquí se habla del año 2018 y el 2019 para la construcción de la planta. Tampoco ha especificado UPM ningún monto para su potencial inversión, que aquí se dice estaría en el orden de los 4.000 millones de dólares, tal como se publicó en este medio en agosto. (2) Apenas se comenzó a hablar de este tema, en julio de 2016, se hizo evidente que el mayor interesado, el gobierno uruguayo, estaba dispuesto a facilitar la instalación de esa planta, incluso aceptando la realización de obras de infraestructura por 1.000 millones de dólares para hacer posible la operación. Eso hace que, tomando como buena la cifra de 4.000 millones de dólares de inversión de UPM, Uruguay participe con al menos el 20% de la inversión sin reclamar participación en las ganancias. Por supuesto que esa casi patológica ansiedad no pasó desapercibida para la empresa, la que sin comprometerse ha logrado varias cosas. La primera y fundamental fue que de entrada desde la presidencia de Uruguay se asegure su instalación en régimen de Zona Franca. (3) Eso, que evidentemente incrementa las ganancias de la empresa, y lleva a cero los beneficios económicos a Uruguay de la producción de celulosa a partir de la madera que las plantas compran en nuestro país, solo fue tímidamente discutido por algunos integrantes de la bancada oficialista en diciembre (4) y no he podido encontrar ninguna mención a esto como problema, duda o motivo de preocupación por parte de los legisladores de los demás partidos políticos. Teniendo prácticamente asegurado ese punto, la empresa informó de entrada que nuevas rutas, vías férreas y acceso al puerto de Montevideo eran condiciones indispensables para considerar su instalación. Hasta hoy la planta de UPM en Fray Bentos lleva en barcazas la pasta de celulosa al puerto de Nueva Palmira. Desde allí la envía a sus compradores, principalmente en China y los Países Bajos. El uso del puerto de Montevideo permitiría la carga más completa de los barcos por tener mayor calado (profundidad), abaratando los fletes. Además está implícito que la empresa en caso de instalarse y tal como lo hace hoy en su planta de Fray Bentos, tendrá acceso gratuito al agua en este caso del Río Negro. Eso queda en evidencia, incluso en la tentativa selección por parte del gobierno, pero sin que la empresa haya comprado un metro de tierra en la zona ni comenzado trámite alguno de la autorización ambiental, de una zona sobre el Río Negro aguas abajo de la presa Gabriel Terra y Paso de los Toros. La lista de pedidos de UPM parece bastante extensa y sobre todo costosa, con grandes ventajas para la empresa. Pero sin embargo sus requerimientos lejos de limitarse parecen haberse incrementado e incluyen ahora además que el gobierno garantice la “paz laboral” incluso con modificaciones legales al derecho de huelga. Eso sin contar con la exigencia de una “carta de entendimiento” firmada por el gobierno nacional a fin de facilitar que UPM pueda salir al mercado internacional a la búsqueda de financiamiento para la hipotética nueva planta.(5) Cualquier parecido de esta carta de entendimiento con el descarado e ilegal intento de Aratirí en 2014 de que se le firmara un contrato de explotación previo al otorgamiento de las autorizaciones ambientales a fin de permitirle obtener la financiación internacional de su proyecto, lo que estuvo a punto de ser aceptado por el gobierno, NO son pura coincidencia.(6) Ambos caso reflejan la necesidad de financiamiento que, salvando las distancias, tenía Minera Aratirí SA y que tiene UPM. Nos muestran además la importancia en el mercado financiero del respaldo o al menos la aceptación por parte de los estados nacionales. Todo esto debiera de ser suficiente para entender que las empresas necesitan tanto o mas de los estados de lo que los estados pueden necesitar de ellas y discutir las condiciones de instalación en pié de igualdad. Hoy la manifiesta voluntad del gobierno para ”lograr la instalación” de otra planta de UPM indicando que se “procurará darle todo lo posible” (7) hace a las negociaciones todo menos balanceadas.
En este punto sería fácil parafrasear a Artigas sobre el vil precio de la necesidad, pero quizá sea mejor repasar que nos ofrece UPM con la nueva planta. Lo primero, un gran BOOM, durante los 2 años de la construcción de la planta, que el gobierno ubica en 2018 y 2019, con picos que en un principio se estimaron en 6000 trabajadores pero que algún tipo de “inflación laboral” ha elevado hoy a 8000.(8) ¿8000 qué? ¿Empleos? O más bien changas y trabajos temporales. Seguramente algo muy parecido al baño del papa en una “remake” de lo que ya vimos en Fray Bentos primero y en Conchillas después. Pasado ese corto período, lo que queda es una planta operando en régimen de zona franca, por lo que no paga impuestos, haciendo que los beneficios económicos para el país de la cadena forestal terminen efectivamente en la puerta de la fábrica. Eso salvo por los sueldos del personal de la planta que no superaría las 500 personas, o sea un número similar a los que empleaba FANAPEL en Juan Lacaze y que hoy están en el seguro de paro. (9) Como beneficio colateral y tomando en cuenta lo que Uruguay le exporta hoy a las zonas francas de Montes del Plata y UPM, podríamos esperar además una compra de insumos para la nueva planta por unos 20 millones de dólares anuales, la mitad de ello en forma de Fuel Oil que las plantas le compran a ANCAP. Nada más. Se me ocurren un par de preguntas ¿Vale la pena ceder tanto para recibir tan poco por la producción de una materia prima en la que tenemos ventajas comparativas? ¿Cómo se justifica otorgar los beneficios de zona franca a una industria hoy altamente rentable y que hace uso directo de recursos nuestros, que no abundan en el mundo? Ni siquiera se habla de exigir que el proceso de producción de la celulosa sea libre de cloro como se hace en Chile o que el uso del agua sea en circuito cerrado atendiendo a que el Río Negro tiene un caudal 7 veces menor que el Uruguay. Sin embargo, a pesar de todo lo que haga desde aquí para facilitar que una nueva planta se instale en Uruguay, algo que la empresa se había negado a considerar en 2014, cuando visitó Finlandia el entonces Presidente José Mujica, (10) la instalación dependerá de las condiciones del mercado mundial en términos de producción, demanda y precios ya que la empresa debe rendir cuentas a sus accionistas. Veamos que en 2016 la capacidad mundial de producción de pasta de celulosa se incrementó en 2.7 millones de toneladas, casi un millón de toneladas más que el incremento del consumo. Solo en Brasil se espera se aumente la producción anual de los 7.4 millones de toneladas anuales de hoy a mas de 20 millones en pocos años. En algunos ambientes ya se prenden luces amarillas ante la posibilidad de una sobreproducción que pudiera afectar los precios hoy controlados por un pequeño grupo de megaempresas, entre ellas UPM. (11) Justamente, esta UPM que nos Pide Mucho, pero que plantea dejarnos muy poco. Notas
Por Raúl Viñas, en El Telescopio 6/12/2016. Nuestro país ha tenido zonas francas desde hace casi 100 años. Igualmente, la herramienta de las zonas francas en el mundo es mucho mas antigua y podemos rastrearla en diferentes formas incluso al imperio romano, a algunas ciudades y enclaves en la edad media, y más cerca en el tiempo a numerosos ejemplos especialmente en el imperio británico como Singapur, Gibraltar y Hong Kong. En el Siglo XX aparecen las primeras zonas francas que incorporan industrialización, las que en algunos casos como Irlanda, Corea del Sur y Taiwán sirvieron como disparadores de procesos industriales a nivel nacional en base a la incorporación de inversiones y tecnología. El establecimiento de zonas francas se ha disparado en los últimos años. A nivel mundial eran menos de 80 en 1975. Hoy hay más de 2500 de ellas, 179 en los Estados Unidos. A nivel del Mercosur, Brasil tiene 22, Argentina 10, Paraguay 2 y Uruguay 11. En nuestro país las primeras zonas francas se crearon en el marco de la Ley 7593 de 1923, y lo fueron con el propósito manifiesto de desarrollar polos industriales fuera de Montevideo. Son de este primer impulso las zonas francas de Colonia y Nueva Palmira. La legislación que regula a las zonas francas se reformuló en 1987 con la ley 15921 y su decreto reglamentario de 1988. De acuerdo con el Código Aduanero de la Ley 19276 promulgada en setiembre de 2014, las mercaderías que ingresan desde nuestro país a las zonas francas son exportaciones y si se ingresa al territorio nacional mercadería desde una zona franca, estas son a todos los efectos importaciones. De manera similar, los intercambios de mercaderías hacia los países del Mercosur desde las zonas francas, son considerados de extrazona y sujetos al pago del arancel externo común. Eso salvo para el caso de mercaderías originarias de los países del bloque y cuyo pasaje por la zona franca no altere su denominación arancelaria, o sea que solo implique temas logísticos. Queda así definido el régimen y claramente no es correcto considerar a las ventas de mercaderías desde una zona franca de Uruguay hacia otros países como exportaciones uruguayas. Esto es demostrable por el absurdo si consideramos que la compra de algún producto de zona franca por parte de una empresa uruguaya configura una importación y no podría ser simultáneamente una exportación de Uruguay hacia Uruguay. Las zonas francas en nuestro país se pueden clasificar en industriales, comerciales y de logística, de servicios, y mixtas. Considerando los datos de 2015, los diferentes tipos de zonas francas presentan impactos muy disimiles en términos de empleo generado, compras al Uruguay y valor de sus ventas al exterior. En términos de empleo, más del 50% de los casi 14000 puestos de trabajo corresponden a “Zonamérica” que es del tipo mixto y si agregamos las zonas francas de servicios de “Aguada Park” y “WTC free zone” se definen el 75% de los empleos generados por las zonas francas en Uruguay. Las zonas francas industriales de UPM en Fray bentos y Montes del Plata en Punta Pereira solo emplean en conjunto algo menos del 10% (1.373 empleos) y el resto, unos 2.000 empleos, se distribuye en las otras 6 zonas francas. Si consideramos los niveles exportaciones de bienes desde el territorio nacional a las zonas francas, de acuerdo a informes de Uruguay XXI disponibles en su web, las exportaciones a las zonas suman 1470 millones de dólares y la principal compradora es la zona de Nueva Palmira, destino de más de la mitad de esas exportaciones. Las zonas francas industriales celulósicas de UPM y Montes del Plata compraron al Uruguay en 2015, 589 millones de dólares, 40% del total. De ellos 570 millones fueron por compras de madera y de los restantes 19 millones, 10 fueron de Fuel Oil comprado a ANCAP y solo 9 de otros productos o insumos producidos en Uruguay. Analizando las ventas desde las zonas francas al exterior, siempre de acuerdo a los informes de Uruguay XXI, esas ventas suman más de 2.700 millones de dólares lo que indica incremento por sobre las compras realizadas en Uruguay de 1230 millones de dólares de los que 550 son de la zona industrial de Colonia (Pepsico) y 650 de las plantas de celulosa. Para conocer el nivel de ganancia y el volumen de valor agregado de los procesos industriales de esas zonas sería necesario conocer el valor de las compras de esas zonas en otros orígenes, lo que no es posible porque esas compras no ingresan al territorio aduanero y así no se registran en la aduana. Por otra parte sería un ejercicio inconducente porque esas empresas no pagan impuestos sobre sus rentas. Asimismo, los datos disponibles en Uruguay XXI y en la Dirección Nacional de Aduanas no incluyen las ventas de electricidad a UTE que se hacen desde las zonas francas celulósicas, las que seguramente incrementan su rentabilidad, en especial porque tampoco pagan impuestos sobre esas ventas. Todo lo anterior hace un poco difícil justificar la inclusión de las ventas de las zonas francas como exportaciones de Uruguay, tal como aparecen generalmente, incluso en declaraciones oficiales donde a menudo se incluye la venta de pasta de celulosa por parte de UPM y Montes del Plata como el segundo renglón en importancia entre las “exportaciones “ de Uruguay solo por debajo de la carne bovina. Eso igualmente no descalifica al mecanismo de zonas francas como una herramienta para incentivar la inversión y la utilización de mano de obra nacional como dice la ley de zonas francas de 1987. Ciertamente ese ha sido el caso de algunos países, donde el establecimiento de zonas francas ha llevado nuevas actividades como el mantenimiento aeronáutico a Irlanda o repuestos automotrices a Malasia. Tal sería el caso en Uruguay de algunos emprendimientos en el área de servicios e incluso del emprendimiento de Pepsico en Colonia excepto porque desde su establecimiento este último no ha tenido ningún efecto multiplicador y solo compra de Uruguay menos del 5% del valor declarado de sus ventas. Caso aparte es el uso de la herramienta de las zonas francas para el procesamiento sin ganancias para el país de rubros en que el Uruguay tiene ventajas naturales como es la producción de algunos alimentos y en los últimos años de la mayor parte de la producción forestal. Específicamente el establecimiento de la base forestal que tanto enorgullece a algunos y por la cual se autoasigna crédito todo el sistema político, costó a nuestro país mucho dinero en subsidios y mucho más en renuncias fiscales. Eso sin entrar en la discusión sobre la pérdida de puestos de trabajo, degradación de los recursos hídricos y otros costos sociales y ambientales que se asocian con los monocultivos de árboles. Así, procesar esos productos en régimen de zonas francas priva al país de la posibilidad de recuperar esos costos en la forma de los impuestos que esa actividad pagaría de realizarse en el régimen normal. Un “argumento” para justificar la asignación de zonas francas es que de otra manera esa actividad sería realizada en otro país, lo que realmente no es muy diferente a que se haga en régimen de zona franca. Hoy cuando se plantea incrementar la producción de pasta de celulosa en régimen de zona franca y cuando se habla de autorizar ese régimen para un emprendimiento que procesaría pescado, cabe preguntarse por qué se deben de otorgar esos beneficios en el procesamiento de productos en los que tenemos disponibilidad local y evidentes ventajas comparativas. Aquí es válida la pregunta en mi columna de agosto ( http://eltelescopio.com.uy/la-pasta-base-de-la-economia/ ): ¿Qué sucedería si los frigoríficos se establecieran como zonas francas? Y agrego ahora, ¿Cómo se podría justificar eso? Seamos francos. “Llegamos al Panel como ciudadanos, devenimos en él como CIUDADANOS DEL AGUA” Con la metodología de los Juicios Ciudadanos realizados anteriormente sobre Energía Nuclear y Minería en Uruguay, la Universidad de la República organizó este año Deci Agua, proceso mediante el cual un panel de 15 ciudadanos comunes se informó, deliberó y, al cabo de dos meses de trabajo, llegó a las siguientes conclusiones sobre la propuesta de Plan Nacional de Aguas lanzada por el gobierno nacional el 28 de julio pasado. “Este Panel Ciudadano ha encontrado una forma de construir un debate en el que 15 personas de distintas procedencias, niveles de formación, edades, actividades e intereses disímiles, desarrolló una propuesta que pretende aportar y enriquecer el Plan Nacional de Aguas”, expresa el Panel Ciudadano en la introducción de su informe. "En la propuesta de Plan Nacional de Aguas se reconoce que no se cuenta con las capacidades en relación con los recursos humanos y económicos como para atender las demandas de los participantes de los Consejos Regionales de Recursos Hídricos y de las Comisiones de Cuencas y Acuíferos, para procesarlas y dar respuesta adecuada en tiempo y forma conforme a la importancia del tema. Esto es un impedimento para cumplir efectivamente con el mandato del Artículo 47 de la Constitución de la República, que determina que “los usuarios y la sociedad civil participarán de todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”. Este Panel Ciudadano reconoce además algunas problemáticas que implican desafíos a procesar como la falta de seguimiento en la gestión de las Comisiones, la falta de estabilidad en la participación de los grupos y la baja frecuencia de sus reuniones", agrega más adelante. Ver el informe completo en: http://observatoriociudadanouruguay.weebly.com/documentacioacuten/deci-agua-informe-del-panel-ciudadano Por Marcelo Marchese, en Uypress 21/11/2016. En una reunión de veteranos el cantor empuñó la guitarra para entonar A desalambrar. El auditorio lo siguió a destiempo, desafinando y con emoción forzada. La escena era patética; cuanto más abandonaba este grupo sus sueños de juventud, más se aferraba a un símbolo del pasado. No los culpemos, el hombre suele enterrar sus sueños bajo los escombros que arroja, día a día, la experiencia. Ahora bien, y este es el quid del presente artículo, lo triste es que llamemos experiencia a la suma de nuestros fracasos. Antes de abordar las causas de este fracaso nacional, y en suma, antes de analizar qué ha impedido erradicar el cáncer del latifundio, debemos señalar un hecho singularmente irónico. Aquellos veteranos desconocían que, precisamente, el partido que habían votado con entusiasmo o bajo la consigna lo otro es peor, hoy lleva a cabo un proceso de desalambramiento de los campos comenzado con la apertura democrática. Expliquemos esto con mayor detalle. En los tiempos de Latorre, en la década del 70 del siglo XIX, se alambraba para controlar el ganado, para impedir que un toro de raza regara su semen por otros lares y para apropiarse de tierras ajenas. Si el medianero no podía pagar el alambramiento forzoso, forzosamente perdía su campo. Como no hubo necesidad de llevar a cabo una mensura, los latifundistas echaron mano a una masa indeterminada de tierra, incluyendo caminos fiscales. Para aproximar al lector a la entidad de este pillaje, hacia 1836, dos tercios de las tierras laborables del país eran terrenos fiscales. La ley del más fuerte determinó que los latifundistas arrojaron a cuarenta mil personas a los caminos, el 10% de la población rural. La génesis del latifundio en nuestro país, desde la colonia, está asociada al robo y a innumerables maniobras que rara vez incluyeron el desembolso de dinero, o al menos, eso dicen TODOS y cada uno de los textos que estudian su origen y no hay uno que diga lo contrario, pues a los guardianes del latifundio no les conviene siquiera mentar la infancia de la criatura. Prefieren, y hacen bien, correr un denso velo sobre el pasado ante los ojos de la República. Cien años después, a partir de las exoneraciones impositivas y demás estímulos a la forestación que desembocaron, misteriosamente, en la instalación de tres pasteras (pues estas gentes planifican las cosas) llegamos a que los monocultivos de eucaliptus y pinos ocupan un millón y fracción de las 16 millones de hectáreas laborables de nuestro país. Por su cuenta, la soja, la planta sagrada de Mujica, alcanza una superficie similar. Ocurre que estos cultivos no siempre precisan de alambrado (1) pues molestan a las grandes cosechadoras, por lo que, sin mentar a Viglietti, y a la sordina, se viene desalambrando a piacere. Desde la colonia hasta ahora habrá variado esto o lo otro, pero hay algo que se mantiene intacto: el latifundio que no para de crecer. Como normalmente aquello que se extiende lo hace a costa de otra cosa, año a año pierden sus campos mil cien productores rurales, cuyos terrenos caen en las bocas abisales del latifundio. En 1963 un 19% de la población vivía en el campo; en 1985 un 13%; para el 2004 bajamos al 8% y en el 2011 descendimos al 5%. Habida cuenta que no hay un pujante sector industrial que absorba esta mano de obra, con toda evidencia queda medrando en actividades no directamente productivas, en tanto en el medio rural se deteriora el tejido económico y social. La situación es un poco más funesta si pensamos que un porcentaje considerable de esas tierras está en manos de extranjeros. Digamos, un 25% (según fuente interna de una de las mayores empresas agrícolas que operan en Uruguay, el porcentaje es de un 40%). No podemos saber este porcentaje con precisión, cada vez que opera en la compra una sociedad anónima o un testaferro ¿Pero un gobierno, sea de izquierda o derecha, no se preocupa por la pérdida de soberanía que significa entregar el 25% o quién sabe cuánto del territorio a quién sabe quién? Se preocupa, sí señor. Hizo una ley que impide que las sociedades anónimas compren tierras. La ley fue redactada. El problema es que aguarda, en un cajón, y entre las polillas, a ser sancionada ¿Cómo es eso? Eso mismo le pregunto al lector, pero sigamos, que hay mucha cáscara para rascar sobre la llaga del latifundio. Si alguien duda de la magnitud de la entrega, que atienda a este dato aportado por el Instituto Nacional de Colonización: durante el 2010, el 83% de las hectáreas compradas en el país quedaron en manos de extranjeros. En el 2011, y considérese que estas cifras ya quedaron atrás, ocho empresas forestales poseían 720.000 hectáreas: Montes del Plata 250.000 y UPM 200.000. Es de suponer que en un radio de 200 kilómetros de la tercera pastera, UPM haya comprado ahora considerables territorios. Montes del Plata y UPM controlaban el 50% de la superficie forestada y esta característica se extendía al resto de los principales rubros agrícolas. Mas, si la concentración de la tierra en manos de extranjeros es escandalosa ¿qué decir de la industrialización de los productos agrarios y su exportación? En el 2011 el 87% del procesamiento del arroz estaba en manos de brasileros. Los 10 frigoríficos más grandes concentraban el 70% de la faena y al menos 8 de ellos eran propiedad de extranjeros. En la madera, los extranjeros concentran la virtual totalidad de los dos procesos. En la soja, de la que sólo industrializamos un 5% (contra un 52 y un 71% que industrializan Brasil y Argentina) cinco empresas extranjeras concentran el 77% de las exportaciones. ¿Cuáles son los problemas derivados de la extranjerización de la tierra, la producción industrial y la exportación de los productos agrícolas? El primero de todos es la fuga de capitales. La renta resultante no necesariamente se reinvierte en el país, por lo cual podemos asistir a un crecimiento de "nuestras" exportaciones, pero ese crecimiento no significa desarrollo (dejemos de lado el problemita de las exoneraciones impositivas). Habría desarrollo si ese crecimiento generara un encadenamiento productivo, si ese crecimiento fuera dinamizador de nuestra economía. En síntesis, se produce aquello que es rentable para otros y no necesariamente lo que nos beneficia. La ganancia de esa producción vuela y además el productor extranjero no se preocupa por la erosión del suelo a largo plazo (menos aún si arrienda, algo común en la soja). Los países que han dado un salto desde una economía agrícola a una economía industrializada, han reinvertido su renta agropecuaria. Esos países no cargan la tara del latifundio, que en los países atrasados, como en latinoamerica, es resultado, por un lado, del proceso de colonización de las potencias ibéricas, y por el otro, de la propia dinámica de la relación entre los países imperiales y los países dependientes, relación que fortalece al latifundista y le permite acrecentar su poder político. Los países imperiales nos venden productos industrializados, inclusive nos venden la soja procesada, y nosotros les vendemos bienes primarios, que constituyen el 75% de nuestras exportaciones. Pero al problema de la extranjerización de la tierra y su producción y exportación de bienes, agreguemos los propios problemas emanados del latifundio a secas. "La propiedad [de la tierra], en realidad, no debe ser de nadie; o más bien dicho, debe ser de todos, y la entidad que representa a todos es la sociedad". Acaso el lector se sorprenda si le digo que esta frase no fue lanzada al mundo por Vladimiro Lenin en la Rusia revolucionaria, sino por el Pepe Batlle en el país del latifundio. Basta comparar esta consigna de un colorado de principios del siglo XX con el actual discurso de la izquierda del siglo XXI, para medir el retroceso ideológico en nuestro país. La idea de la tierra como un bien público (así como el aire y el sol) la debemos tomar en un doble sentido. Primero, por lo que significa ante la inaguantable división de la riqueza, y segundo, en el sentido de considerar la tierra como un bien dinamizador de nuestra economía y de nuestra vida política. Un inteligente reparto de este recurso vital permitiría reinvertir la renta agropecuaria, alentaría la producción industrial reincorporando rubros abandonados y agregando nuevos, atenuaría la inflación galopante, poblaría el campo y restablecería su tejido social, crearía más y mejores puestos de trabajo, permitiría cultivos más orgánicos y menos dañinos para el agua y la tierra y la gente, aumentaría un mercado interno necesario para el desarrollo inicial de cualquier actividad industrial, brindaría más ingresos al Estado, volcaría a la Universidad a la necesaria tarea de aliarse con los productores rurales para mayor beneficio del país y al convertirse todo esto en una tarea nacional, activaría la dinámica republicana, y aquí llegamos a lo que apuntábamos en el principio del artículo: las causas de la derrota de aquella generación que luchó, con riesgo de su vida, por la reforma agraria. Aunque el FA haya erradicado de su discurso la imprescindible reforma agraria, hay algo todavía más grave: el tema no está a la orden del día; a la orden del día está esperar que todo este proceso de extranjerización de nuestras riquezas y ruina de nuestra soberanía en todos los sentidos, redunde en desarrollo, supongamos que para el día en que le crezcan pelos a los huevos. Los gobiernos responden, también, al orden de ideas que impera en una sociedad. El problema es el orden de ideas que impera en la nuestra; el problema es que no advertimos las consecuencias funestas del latifundio. Sin generar una masa crítica no saldremos nunca del pozo, y viviremos al vaivén del precio de las commodities. Poco importa quién acceda al gobierno; la clave está en la creación, primero, de esa masa crítica, tarea que superó a aquellos militantes por varios motivos, sea por una dictadura atroz, sea por la incapacidad de analizar con cabeza propia la realidad. Cuando uno no puede analizar los hechos, los hechos te sepultan como escombros que arrojan los días a modo de experiencia. Ya todos sabemos que en cuanto a ineficiencia y corrupción, nada separa al actual partido de gobierno de los anteriores (sin mentar el futuro gran papelón de la regasificadora, que superará a todos los demás). Ya todos sabemos que en cuanto a pensar un nuevo modelo educativo, nada separa al actual partido de gobierno de los anteriores. Lo mismo sucede con el problema de la seguridad y con la clave de las claves, emprender un modelo de desarrollo viable. Si el funcionario, o quien fuere, no está armado con un arsenal teórico independiente, se convierte en administrador de las teorías pensadas por otros. Si no elaboramos un modelo nacional, el modelo será impuesto desde afuera por las trasnacionales, que marcan el compás mientras se adueñan de nuestras riquezas. Si no transformamos estos escombros diarios en material de pensamiento de nuevas realidades, seguiremos vegetando a la sombra del latifundio. (1) ¿Quién va a entrar a robar ganado o a cazar una mulita allí donde, entre los eucaliptus y pinos, sólo habitan cotorras y serpientes? Eduardo Gudynas, en el Semanario Voces, 10/11/2016. Por fin se dieron a conocer los reportes conjuntos de los gobiernos de Argentina y Uruguay sobre la calidad de las aguas del Rio Uruguay en la zona de Fray Bentos. Otra vez se generó una fuerte polémica y regresaron los conocidos slogans de unos cuantos uruguayos y argentinos consideran que sus aguas son casi un paraíso ecológico y las del vecino hierven de contaminación. Para no caer en los simplismos, lo primero que debe hacerse es dar la bienvenida a que se difundan las evaluaciones de la calidad de las aguas. Se brindaron tres reportes: uno para la planta Orión (la ex Botnia) en Uruguay, el segundo para la desembocadura del Río Gualeguaychú en Argentina, y un tercero para el Río Uruguay. El monitoreo se inició en 2011, y los datos llegan hasta 2015, cubriendo una gran área geográfica. Frente a estos resultados regresaron las interpretaciones apuradas. Desde Argentina fueron comunes titulares como este: "Papelera: monitoreo conjunto reveló que la ex-Botnia contaminó el Río Uruguay" (diario Ambito, 2 noviembre). Desde Uruguay, prevalecieron anuncios opuestos: “Monitoreos de UPM afirman que la pastera no contaminó el río Uruguay” (El País, 2 noviembre). Como puede verse, otra vez se cayó en análisis maniqueos desde uno y otro país, como si nada se aprendió de los anteriores conflictos. Es más, algunos comentarios periodísticos uruguayos, por momentos, parecerían entender que Uruguay sería un paraíso ecológico y la orilla argentina estaría hundida en un infierno contaminado. Como veremos, esas son posturas erradas y además tontas. Un entrevero ecológico Los reportes muestran que para la zona de la ex Botnia, hay impactos sobre las aguas aunque en muchos indicadores esos efectos están por debajo de los límites que impone Uruguay. Por ello se insiste en que las plantas “no contaminan”. Pero es cierto que han ocurrido violaciones puntuales; el caso más claro ocurre con la presencia de fósforo (que en tres ocasiones superó los límites aceptables). Todo esto más o menos se sabía ya que los informes de nuestra DINAMA son públicos desde hace tiempo. Pero es evidente no esas aguas no son un paraíso ecológico. En Gualeguaychú, en la margen argentina, los reportes muestra una condición ambiental grave. Se registran importantes y repetidas superaciones de los límites para once indicadores, destacándose aluminio, amonio y berilio; no pasan desapercibidos los altos niveles de mercurio. Pero es necesaria una advertencia clave: los indicadores estudiados no son exactamente los mismos en las aguas argentinas y en las uruguayas. Es más, Argentina dio a conocer más indicadores de calidad ambientales que lo que hace Uruguay. Por esto, los dos casos no son exactamente comparables. Los reportes también dejan en evidencia el deterioro de las aguas del Río Uruguay. Se superaron los límites en hierro, aceites y grasas, y hay un deterioro en el oxígeno disuelto en el agua, con algunas violaciones por ejemplo para cobre, cromo y níquel. Esquivando simplismos y dogmas Aclarado todo eso se puede intentar desarmar la madeja de declaraciones livianas. Es censurable que en nuestro país se tomen esos reportes como una especie de certificación de excelencia ambiental (un Uruguay “natural”), mientras que la “verdadera” contaminación estaría en Argentina. Eso sería una tonta competencia, como si dos pacientes con cáncer se dijeran uno al otro que “yo estoy mejor que tú”. Pongamos las cosas en su justo término: enfrentamos serios problemas ambientales, y uno de los más graves está en el agua, y entre ellos en la calidad de las aguas del Río Uruguay. No hay nada que festejar porque nosotros compartimos esas aguas, y la contaminación de Gualeguaychú también nos afecta. Además, creer que la condición ambiental uruguaya es óptima puede tener negativas consecuencias para la gestión. Algo de eso ya sucedió en el pasado, cuando durante el duro conflicto de las pasteras nuestro gobierno insistía en que era el “Uruguay natural”. Entretanto se consumaba la inoperancia en gestionar las aguas de la cuenca del Río Santa Lucía que desembocó en la actual crisis. Tampoco puede subestimarse lo que hace Argentina. Ese país evalúa un número mayor de atributos de la calidad de sus aguas, y Uruguay debería mejorar en el mismo sentido. Otra madeja a desarmar reside en los simplismos políticos. Es muy claro que con estos niveles de contaminación en Gualeguaychú, si los militantes de esa ciudad fueran fieles a las exigencias que hacían años atrás, ahora deberían estar bloqueando su propia ciudad y clausurando sus plantas, movilizados contra el gobierno por el pésimo estado de sus aguas. Eso confirma que años atrás operaron actores partidarios que azuzaban el conflicto buscando adhesión política dentro de Argentina. Algo similar también ocurrió en Uruguay, donde se aprovechó el conflicto para nutrir un nacionalismo elemental. También contribuyeron organizaciones ambientalistas transnacionales, como ocurrió con Greenpeace Argentina (con prácticas como la toma simbólica del puerto Fray Bentos o exhibir una vedette en tanga en una cumbre presidencial). Eso aseguraba publicidad pero no atacaba la raíz de los problemas. El responsable de esas acciones, Juan Carlos Villalonga, directivo en Greenpeace, luego pasó a ser encargado de temas ambientales en la ciudad de Buenos Aires bajo el gobierno de Mauricio Macri, y ahora es legislador nacional por el PRO. En Argentina pasaron de ambientalismos kirchneristas a otros macristas, mientras que aquí seguimos casi estancados en materia de gestión ambiental. Ante estas situaciones, una vez más queda en claro que para no caer en los simplismos es indispensable tener un acceso libre a información que sea independiente y rigurosa, y analizarla desde el compromiso con la calidad de vida de las personas y del ambiente. EL MONITOREO Los reportes divulgados por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) provienen de 50 campañas mensuales de registro para las dos primeras localidades, realizadas entre junio de 2011 y julio de 2015, y para 32 campañas en el río Uruguay entre setiembre de 2012 y abril de 2015. Para evaluar la situación de las aguas se seleccionaron una serie de parámetros, tales como el oxígeno que está disuelto en ella o la presencia de sustancias peligrosas como cianuro y arsénico, y se reconocieron unos estándares, por ejemplo un valor máximo permitido de las sustancias presentes. Esos requerimientos se basaron en unos casos en el Digesto sobre el Uso y el Aprovechamiento del Río Uruguay elaborado por la CARU, o en las normativas propias de Argentina o Uruguay. Aníbal Terán Castromán, desde Treinta y Tres. Modificarán directrices territoriales de Treinta y Tres que hoy permiten plantar hasta a 300 metros de un centro poblado. El nuevo límite será de 1500 metros. Un Diputado anunció la presentación de un proyecto de Ley para alejar las plantaciones de los centros poblados de todo el país. Así lo anunció el Intendente departamental en la reunión mantenida este lunes 24 de octubre con vecinos de Isla Patrulla. En el centro comunal de esa pequeña localidad de 236 habitantes (censo 2011), se cumplió esta instancia de diálogo con un grupo de pobladores movilizados ante los anuncios de forestación intensiva en los alrededores de su pueblo. Fue la segunda reunión con autoridades departamentales en los últimos diez días. Dardo Sánchez Cal se comprometió con los vecinos a poner en marcha una modificación de la directriz departamental de ordenamiento territorial, que es el instrumento jurídico que rige este tema. “No la vamos a hacer solo para Isla Patrulla, sino que la modificación tendrá carácter departamental”, dijo, a lo que agregó: “Vamos a enviar a la Junta Departamental una iniciativa para que no se pueda hacer forestación intensiva a menos de 1500 metros de un centro poblado con menos de 500 habitantes y a no menos de 2000 metros en caso de poblaciones mayores”. El anuncio fue recibido con gran satisfacción por los vecinos movilizados, ya que significa un triunfo, la obtención del 100% de sus aspiraciones. Aprovechando el momento favorable, también se le propuso al Intendente que revise la norma que permite forestar a tan solo 40 metros de la naciente de un río o arroyo y a tan solo 20 metros del cauce de un curso de agua en el departamento. En tal sentido prometió estudiar cuál debería ser el límite adecuado, reconociendo que lo actualmente dispuesto por las normas vigentes, es insuficiente para proteger las fuentes y las corrientes de agua en general. Por su parte el Diputado nacionalista Edgardo Mier anunció la presentación de un proyecto de Ley para marcar una distancia mínima de 1500 metros entre la forestación intensiva y un centro poblado, en cualquier parte del país. Esta disposición pasaría a llenar un vacío legal ya que en ninguna Ley nacional se especifica distancia mínima de protección para las plantas urbanas, asunto que por ahora se deja a criterio de las respectivas autoridades departamentales. También les leyó a los vecinos las palabras que va a pronunciar en la Cámara de Representantes, para darle estado parlamentario a la preocupación de estos pobladores respecto al avance de la forestación. También estuvo presente en la reunión de este lunes el Edil nacionalista José Amaro, quien en su intervención puso énfasis en la necesidad de asegurar el cumplimiento de las normas en esta materia, para evitar la impunidad de las empresas forestales, que según dijo, pueden “excederse de los límites que se les marcan si no hay una adecuada fiscalización”. Fue una reunión muy fructífera en la que quedó ratificado el poder de la movilización popular organizada. Si bien es una pequeña victoria que pretende hacer retroceder a la forestación intensiva que está autorizada a casi estrangular los pueblos con su avasallante presencia, no deja de ser un estímulo para ir por objetivos más ambiciosos. La forestación en las cuencas altas hace que falte agua cuando se necesita, se pierda la capacidad de dilución de los ríos y los contaminantes se concentren, preparando las condiciones para los procesos de eutrofización como ya vive el Río Negro y que, con los efluentes de una mega planta de celulosa, se pueden agravar mucho más. Víctor L. Bacchetta (La Otra Voz, de Tacuarembó, 14-20/10/2016) El profesor Daniel Panario, director de la Unidad de Ciencias de Epigénesis* (UNCIEP) y coordinador de la Maestría en Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, hace más de 25 años que comenzó a estudiar el caso de la forestación en gran escala con especies exóticas sobre nuestro territorio. Ya en 1990 y 1991 se consigna su participación en la investigación "Desarrollo forestal y medio ambiente en Uruguay", cuando llevaba solo tres años de ser aprobada la Ley Forestal (N° 15.939), que dio lugar al 'boom' de la forestación al final de esta década, tras el cual aterrizaron en el país las mega plantas de producción de celulosa. Panario tiene sobradas razones para hablar y ser referente nacional sobre este tema, no obstante lo cual, en la medida en que sus opiniones han cuestionado al modelo forestal y celulósico implantado en el país, ha sido atacado duramente, en particular por los gobiernos del Frente Amplio, sector político del cual ha sido votante. Esta entrevista pretende ser una puesta al día sobre las investigaciones científicas de los impactos ambientales de la forestación y las plantas de celulosa, el estado actual del Río Negro y las posibles consecuencias de la instalación en sus orillas de una nueva planta de celulosa anunciada por el presidente Tabaré Vázquez. Investigación a escala global VLB - Existen investigaciones nacionales e internacionales de varios años en torno a la forestación en gran escala de pinos y eucaliptos. ¿Cuáles son las principales conclusiones a las que se ha llegado acerca del impacto de estas plantaciones sobre los recursos hídricos? DP - A veces, cuando hay una cuestión polémica como ésta, alguna agencia internacional trata de dirimir el problema. Ese fue el caso en este tema del IAI de Estados Unidos (Inter-American Institute for Global Change) donde un grupo que nos invitó a trabajar, también consiguió un financiamiento como para realizar una investigación en cinco continentes. En realidad, este tema había sido discutido desde la década de 1940. Los primeros trabajos de investigación surgen en el 40 en España y en Sudáfrica, donde ya se habían instalado plantaciones de eucaliptos. Esto hizo que en el 70 en Sudáfrica establecieran que no se podía plantar más de un determinado porcentaje de las cuencas, sobre todo las cuencas altas. Ya en el 90 se prohíben todas las plantaciones y, literalmente, soltaron los elefantes. Las cuencas altas las consideraron zona de producción de agua, parques nacionales, punto. Mataron los eucaliptos con herbicida y se acabó la discusión en Sudáfrica. De todas maneras, el problema siguió planteado en el resto del mundo. El grupo del IAI estudió 20 pares de suelos, uno de pradera y otro de forestación, distribuidos en los cinco continentes. El resultado fue que en casi todos los casos, menos en tres, el consumo de agua de la forestación era muy superior al de la pradera previamente establecida. Solo en tres pares dio que el consumo de agua era igual. De hecho, ya desde la década del 40 se sabía que en lugares donde la precipitación anual es mayor de 1.500 milímetros de agua no hay casi diferencia, pero en lugares donde hay menos de 1.500 milímetros la reducción del agua en las cuencas llega al extremo de secarse. En el caso de Uruguay, el par que se estudió en el país dio una reducción del 20 por ciento. Otras opiniones en la academia VLB - Investigadores del Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Facultad de Ingeniería han estudiado también este fenómeno y parecen llegar a otras conclusiones. DP - En efecto, hubo estudios en Facultad de Ingeniería que han dado reducciones de 15 a 17 por ciento. Estos investigadores tratan de justificar estos resultados para las empresas forestadoras, pero en los hechos no son muy diferentes de los primeros. Y llegan a esos resultados incluso teniendo en cuenta que la forestación, sobre todo en el verano, hace que cuando viene una lluvia y el suelo está seco, escurre todo, el agua se va por la superficie sin penetrar en el suelo. Los paisanos lo llaman "inundaciones sorpresivas" porque, no llueve lo suficiente como para que haya inundaciones, pero de repente se inunda todo. Quiere decir que, en realidad, el resultado es mucho peor que lo que establece la diferencia de rendimiento. Esto no ha sido convenientemente estudiado, pero está perfectamente determinado por la experiencia de la gente del lugar. Lo que ocurre es que cambia la microbiología del suelo, hay algo que antes llamábamos hongos, que predominan en la materia que van depositando los eucaliptos en la superficie, que generan una sustancia grasa y provocan que el agua no moje el suelo. Al final, cuando llueve mucho, el agua termina mojando el suelo y entonces penetra, pero inicialmente no. Esos investigadores dicen también que los acuíferos se reponen. ¿Pero qué acuíferos se reponen? Se reponen los acuíferos subterráneos profundos, pero no los superficiales, de los cuales depende la población de la campaña. Y los acuíferos subterráneos profundos se reponen porque por lo general lo hacen desde los ríos, se cargan por fallas geológicas que es por donde corren tramos importantes de casi todos los ríos. Entonces, los datos de las investigaciones de los ingenieros no son incorrectos, lo que es incorrecta es la interpretación. No sé si será maliciosa o por falta de comprensión del funcionamiento del ciclo hidrológico, que es bastante más complejo que agua que escurre y viaja por canales. Forestando las altas cuencas VLB - Las zonas de prioridad forestal en el territorio uruguayo se encuentran sobre las fuentes de los principales ríos. ¿Cuál ha sido el criterio para definir esas áreas? DP - El criterio para mi es que los árboles en esas altas cuencas rinden mucho porque tienen reservas de agua muy importantes. En las grietas de esas rocas se almacena una gran cantidad de agua y los eucaliptos buscan esa agua. Entonces el criterio es que rinden mucha madera y, a su vez, es cierto que no son agrícolas porque los suelos son superficiales. Pero las sierras son un acuífero, se llaman manantiales. La ley de protección de aguas de Brasil se llama Ley de Protección de Manantiales porque tienen bien claro donde se encuentra la fuente fundamental de drenaje. Y en el momento en que el agua vale, no cuando el agua cuesta. El agua vale cuando falta o hay lo necesario, el agua cuesta cuando se inunda, hay que evacuar gente, cambiar casas, etc. Esa es el agua que vale, la que surge de los manantiales de las sierras. VLB - ¿Qué consecuencias puede traer que se instalen allí grandes plantaciones? DP - Los impactos son diversos. Por un lado, va a faltar agua cuando se necesita, por el alto consumo de los eucaliptos. A su vez, se pierde la capacidad de dilución de los ríos, si bajamos el caudal los contaminantes se concentran en términos relativos. Entonces, se preparan las condiciones para que se produzcan los procesos de eutrofización y las altas concentraciones de algunos contaminantes. Transformaciones en los suelos VLB - ¿Qué cambios introduce la forestación en los suelos y cuáles son sus consecuencias? DP - Lo que hemos venido observando nosotros y otros investigadores es que se produce una fuerte acidificación del suelo. Los suelos se vuelven muchísimo más ácidos y esta acidez extrema termina atacando a los minerales, que es donde radica la fertilidad del suelo. En esa investigación de que hablaba, realizada en varios países, se verificó que hasta el agua de los arroyos que viene de una plantación se vuelve ácida, lo cual tiene varias consecuencias sobre su uso. Pero lo más importante es que la destrucción de ciertos minerales del suelo implica la irreversibilidad de ese proceso. Al cambiar la mineralogía, la mineralogía no se repone. Esas pequeñas partículas del suelo son fruto de una evolución milenaria, si les ponemos ácido y las destruimos, habrá que esperar milenios, con suerte, para que se repongan. VLB - Hemos escuchado que aparece aluminio, ¿esto qué efecto tiene? DP - En efecto, la acidificación libera aluminio y el aluminio es tóxico, aparte de potenciar la acidificación. Los suelos con aluminio son muy ácidos y, en consecuencia, sirven para muy pocos cultivos. A la larga, ni siquiera para eucaliptos. VLB - ¿Cuál es el ciclo de vida que pueden tener estas plantaciones, años, décadas o indefinido? ¿Cuál es la perspectiva de esas tierras en términos productivos? DP - No está estimado el ciclo. Siempre algún provecho se podrá sacar. Si se vuelven no suficientemente buenas para eucaliptos, plantarán pinos y con los pinos podrán seguir porque los pinos se desarrollan en suelos muy ácidos. Llover va a seguir lloviendo y algo seguirán produciendo, pero cada vez será menos. Efluentes de una planta de celulosa VLB - Conociendo las características de los efluentes descargados por UPM en el Río Uruguay, ¿cuál sería el posible impacto de los efluentes de una planta de doble tamaño sobre el Río Negro, cuyo caudal es siete veces menor que aquel? DP - Se sabe que el fósforo que descarga UPM en el Río Uruguay es equivalente al de los efluentes cloacales sin tratar de una ciudad del tamaño de Fray Bentos. Si esta tiene el doble de tamaño, serán como dos ciudades de unos 24 mil habitantes. Ahora, el problema fundamental es cuáles serán las exigencias. No se si a esta planta le van a exigir el tratamiento terciario de sus efluentes... VLB - Usted ya ha planteado este tema con respecto a UPM, pero en Fray Bentos no se hace. ¿Qué implica el tratamiento terciario de esos efluentes? DP - El tratamiento terciario permite, entre otras cosas, retirar del efluente el fósforo y el nitrógeno, retirarlo realmente. Lo cual es perfectamente posible, tampoco es demasiado caro. En algún momento hicimos un cálculo de cuánto le costaría hacer esto a UPM, creo que eran unos 200 millones de dólares. Si recuperaron el total de su inversión en tres años, esto no resulta ser caro para ese proyecto. Yo no puedo saber si esto lo harán o no en este caso. Pero en ese efluente van otras cosas además. Organoclorados, por ejemplo, y sustancias que los organismos leen como hormonas que comienzan a afectar toda la cadena trófica. Los peces cuando nacen no tienen definido el sexo, se define cuando empiezan a desarrollarse. Ahora, si se le introduce una hormona, se definen todos para el mismo lado. Este es el impacto más inmediato. Pero no tenemos nivel de base, no sabemos de dónde partimos VLB - ¿Cuál es el estado actual del Río Negro? DP - Está podrido, está totalmente eutrófico. Inclusive, las cianobacterias permanecen en el invierno, cuando normalmente casi que desaparecían en esa estación. Los embalses tienden naturalmente a eutrofizarse, porque una cosa es que los contaminantes pasen y sigan viaje y otra es que se queden como residentes en un embalse. El criterio que se aplicó con el Río Uruguay cuando se autorizó la planta de Botnia/UPM fue que como el río ya estaba contaminado no importaba agregarle algo más. Entonces, ese mismo criterio lo pueden volver a utilizar con el Río Negro. Cuando yo era joven no existían las cianobacterias en el Río de la Plata, pero ahora están llegando hasta la costa de Maldonado. Tanto es así que tuvieron que inventar una bandera roja con una cruz verde para decir: "señores, no se bañen porque se intoxican, se van a agarrar alergias o se van a agarrar diarreas ...". _______ * Biología: La epigénesis es el proceso de desarrollo de un individuo, a través del cual su estructura se diferencia y hace más compleja; el caso paradigmático es el del crecimiento, en el que a partir de un cigoto se desarrolla una compleja estructura celular y orgánica. En teoría de sistemas se incluyen los mecanismos que permiten a un determinado individuo modificar ciertos aspectos de su estructura interna o externa como resultado de la interacción con su entorno inmediato. UN ANÁLISIS PRELIMINAR El anuncio de la posible instalación de una mega planta de celulosa a orillas del Río Negro no nos enfrenta hoy ante el "desafío" de lo desconocido, como se invocaba 10 años atrás. A partir de la información trascendida y de la proveniente del desempeño de las dos plantas existentes, esbozaremos un panorama de los problemas que podrían surgir de la puesta en funcionamiento de esta tercera planta. Carlos Pérez Arrarte y Víctor L. Bacchetta (La Otra Voz, de Tacuarembó, 7-13/10/2016) Por la centralidad territorial de la Ruta 5, de la línea férrea Rivera-Montevideo, y de la localidad de Paso de los Toros, que constituye un nudo ferroviario, así como por la importancia y el estado de esas vías de comunicación, la planta anunciada tendría una conectividad mejor que las dos anteriores, situadas en ubicaciones limítrofes del país, que le permitirá abastecerse de materia prima en las principales zonas forestales y acceder al Puerto de Montevideo, un interés definido por la empresa. Considerando las áreas de prioridad forestal, si se trazan desde Fray Bentos y Paso de los Toros dos círculos de 200 kilómetros de radio, distancia deseable para que la industrialización sea más rentable y competitiva, se observa que la nueva planta podría abastecerse adecuadamente de árboles provenientes de los departamentos de Durazno, Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Lavalleja (ver mapa). Aunque no será desarrollado aquí, una evaluación de los impactos de las plantas de celulosa no puede ser ajena a los de las plantaciones de árboles que proveen la materia prima y son la razón de instalación de esta industria en el país. Los impactos de la forestación van desde la reducción del ciclo hidrológico y la biodiversidad hasta una grave alteración de la materia orgánica y las propiedades físico-químicas del suelo desarrollado evolutivamente en la llanura pampeana. Las plantaciones que Forestal Oriental (UPM) ha realizado, anticipando la posibilidad de otra planta, en regiones caracterizadas por la presencia de explotaciones agropecuarias extensivas y baja densidad de población, profundizarán el proceso de desertificación del territorio al Norte del país y la fragmentación de la sociedad rural. En particular, se acentuará la desaparición de pequeños y medianos establecimientos, que son los pilares de la sociedad rural que vive en el campo. Las plantaciones para producir celulosa son una forma de explotación de la tierra más extensiva que la gran ganadería, acentuada incluso por la creciente mecanización de la cosecha. Los Censos Agropecuarios entre 2000 y 2011 muestran que el empleo en el sector forestal se redujo de 4,5 a 1,8 trabajadores cada mil hectáreas, mientras que en la ganadería se situaba en 5,8 y 4,7 trabajadores, respectivamente. * Impactos multiplicados Un primer punto a destacar de los impactos ambientales que traería esa tercera planta es la gran concentración de agentes contaminantes que deberían ser absorbidos en una pequeña región de la naturaleza. Debe tenerse en cuenta que las dos plantas existentes en el país están separadas unos 150 kilómetros y la proyectada sería equivalente a la suma de las dos, en una sola localización, a lo que se agrega un caudal del Río Negro muy inferior al del Río Uruguay. Si la nueva planta duplica en capacidad a las existentes -aproximadamente 1:300.000 toneladas cada una-, como se ha anunciado, tendría una producción anual de 2:600.000 toneladas de celulosa. Utilizando parámetros de la planta más moderna del país, se infieren algunas variables del proceso productivo. Además de la planta de celulosa, debe ser considerada la industria química anexa a la planta, que produce insumos claves para el funcionamiento de la misma (ver cuadro). Un aspecto central será el abastecimiento de agua y los impactos asociados. La cantidad de agua del río requerida para producir una tonelada de celulosa es de 29 m3 (metros cúbicos) y el caudal de efluentes que regresa al río es de 25 m3 por tonelada; 4 m3 desaparecen en el proceso industrial. La producción diaria de celulosa en la nueva planta sería del orden de 7.900 toneladas, lo que implicaría una extracción diaria de agua de 229.100 m3 y un caudal diario de efluentes de 197.500 m3. De esta manera, en la Represa de Rincón del Bonete se perderían 31.600 m3, suponiendo que la planta toma el agua requerida del lago, pero en todo el sistema la pérdida es tres veces ese volumen, es decir 94.800 m3, porque el agua del Río Negro se turbina también en Baygorria y Palmar. Puntos problemáticos son tanto la extracción de ese volumen de agua y la pérdida neta de agua que no se turbina, como la composición de los efluentes. El volumen de efluentes de una planta de celulosa como la anunciada es muy importante y en directa correspondencia es el impacto de sus componentes. * Disputa por el agua El ambiente de la Cuenca del Río Negro es fuertemente conflictivo en torno a los diferentes usos de los recursos hídricos: ganadería, generación de energía eléctrica, cultivo de arroz regado, nuevos planes de riego promovidos por el MGAP, plantaciones forestales. Ahora se agregaría una mega planta de producción de celulosa, muy demandante por si misma del recurso. En 1980 se legisló limitando la captación de aguas superficiales en la cuenca del Río Negro, para defender el caudal destinado a la generación de energía eléctrica. El Decreto No 160/980 estableció criterios para la extracción de agua de los embalses y de los cursos afluentes que alimentan los embalses. En 1988, un nuevo decreto 212/988 amplió los límites originalmente establecidos para usos competitivos de las represas del Río Negro, ante presiones de usuarios agropecuarios. Se facultó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas a otorgar las autorizaciones de uso de aguas para la construcción de obras de riego en los afluentes que alimentan los embalses hidroeléctricos del Río Negro, siempre que el volumen anual total no supere los 700 hectómetros cúbicos. Nunca se conoció públicamente ningún estudio que diera la base técnica de esa medida y ahora ese cupo ya está completo. * Contaminaciones Existe una gran variedad de componentes que integran los efluentes - sustancias orgánicas consumidoras de oxígeno, nutrientes -fósforo y nitrógeno-, un conjunto de minerales - arsénico, cadmio, cobre, mercurio, níquel, plomo, zinc -, sustancias muy tóxicas -dioxinas, furanos, fenoles-, sustancias que alteran el sabor del pescado-, materiales particulados, compuestos clorados orgánicamente ligados (AOX), compuestos de azufre, agentes microbiológicos, etc. De los nutrientes, el fósforo es el generador principal de la creciente proliferación de cianobacterias, algas microscópicas que dan una coloración verde al agua y producen diversos metabolitos, en particular una cianotoxina cancerígena, la microcistina. Las cianobacterias en el Río Uruguay se han vuelto habituales, sobre todo en el verano, ya llegan al Río de la Plata y cada año su presencia se ha ido extendiendo más hacia el este. A lo anterior se suma la temperatura de vertido de esos efluentes. Uruguay modificó la norma internacional aceptada en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) según la cual la temperatura de los efluentes no debe superar las “condiciones naturales del río”, que en los últimos años no excede los 20°C. En 2011, Uruguay le permitió a UPM volcar sus efluentes con una temperatura de 30°C a 37°C. Este es otro motivo del desacuerdo entre las delegaciones de Argentina y Uruguay en la CARU por el cual no se ha dado a conocer hasta ahora el resultado de los análisis sobre la calidad de las aguas del Río Uruguay, encomendado al Comité Científico Binacional constituido tras el fallo del Tribunal de La Haya. Es peor aún, al asumir el cargo, el actual presidente de la delegación argentina, Mauro Vazón, declaró que es política de ambos gobiernos no brindar al público esa información. Esos contaminantes se distribuirán por todo el recorrido del Río Negro aguas abajo de la ubicación de la planta -de unos 300 kilómetros aproximadamente- hasta su desembocadura en el Río Uruguay, afectando la biodiversidad en el cauce del río, en las dos riberas, en los diversos usos actuales del agua, como el consumo humano en localidades urbanas y en los establecimientos agropecuarios, en el consumo de los animales puestos a pastoreo, así como en los suelos y la vegetación que soportan riego con agua proveniente del río. Debe resaltarse el impacto que tendría el agregado de nutrientes al Río Negro que, combinado con los tres embalses que potencian las condiciones para el desarrollo de micro algas, y la mayor temperatura que experimenta el agua por las condiciones climáticas recientes y por la temperatura de vertido de esos efluentes, fortalecerán el desarrollo de floraciones de cianobacterias que, ya actualmente -sin la presencia de la planta de celulosa-, constituyen un grave problema para los seres vivos. Por último, las emisiones gaseosas de las chimeneas de la planta, provenientes de la caldera de recuperación, de la caldera de biomasa y del horno de cal, son otra fuente significativa de contaminación que podrá alcanzar distancias de hasta 50 kilómetros, concentrándose en franjas territoriales de acuerdo con la mayor frecuencia de la orientación de los vientos predominantes, en general provenientes del sureste y noreste según la estación del año. En resumidas cuentas, aunque algunas autoridades insisten en lo contrario, no se puede sostener seriamente que las plantas de celulosa no contaminan. Las propias actas de la Comisión de Seguimiento de UPM en la Dinama dan cuenta del contenido de los efluentes, las emisiones gaseosas y los residuos sólidos de la planta. En más de una oportunidad, los efluentes de UPM sobrepasaron los límites admitidos por la Dinama y la empresa fue sancionada. Entrevista a Pablo Ligrone, Programa Rompkbzas 30/8/16. Según el Arquitecto y Doctor en Ordenamiento Territorial y Urbanismo, Pablo Ligrone, la normativa a estudio del Parlamento para organizar cómo se usa el territorio "está dejando la puerta abierta para que las cuestiones concretas que definen el verdadero destino del país se impongan por decreto y fuera del proceso legal que es el que da las garantías al pueblo. Se establecen 'cheques en blanco' para el Gobierno Nacional de turno que impondrá por decreto cualquier emprendimiento y se induce a la renuncia de participación de los Gobiernos Departamentales". Según el análisis del proyecto de ley de Directrices Nacionales De Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible hecho por el profesional a pedido de la Comisión de Vivienda Territorio y Medio Ambiente de la Cámara De Representantes, éste "carece de garantías ambientales derogadas en 2015". El informe elevado por Ligrone al Parlamento señala que "el proyecto contradice los principios legales de Autonomía departamental, Planificación y Participación al remitir a futuros decretos del Poder Ejecutivo los contenidos específicos que tienen que establecerse por ley nacional mediante, justamente, las Directrices Nacionales y por instrumentos departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible". Denuncia que "induce a error a personas no especializadas al poner a consideración un documento falaz (y) destruye aspectos esenciales de la ley 18.308, en especial categorización de suelos, procedimientos, principios, garantías y la distribución de competencias, disminuyendo notoriamente las competencias de los Gobiernos Departamentales". Entrevistado en Rompkbzas, Ligrone definió al ordenamiento territorial como "ordenar una casa, ubicar las cosas donde deben ir. Son las políticas públicas ubicadas al territorio. Como por ejemplo el Ministerio de Educación elige los lugares donde van a estar las escuelas y los liceos". "En 2008 el país incorporó todo lo mejor que la doctrina tenía en ese momento sobre ordenamiento territorial y medio ambiente. Fue felicitado en varios foros respecto a esa ley, que era el desarrollo del artículo 47 de la constitución. En ese artículo se consagran derechos fundamentales para todas las personas en el territorio nacional, y es el derecho al ambiente sano, al agua. El año pasado, pese a que se advirtió desde los técnicos, se eliminó la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)", aseguró el especialista. "La ley de ordenamiento creó la EAE porque el método anterior de control empresa a empresa, zona a zona, no daba resultados buenos, no daban garantías reales. Todo proyecto debía tener una evaluación a medida que se iba haciendo. Esta ley que eliminó la EAE hace que se renuncie a lo que la ley de ordenamiento pide que haga: efectivamente dibujar en el territorio nacional", explicó. Al día de hoy, "no hay cartografía sobre el territorio nacional", señaló. "Un curso de agua tiene una cuenca común. Entonces no se puede pensar en dos costas diferentes", dijo, en cuanto a los proyectos que se ubican en las riberas de los ríos. Ligrone explicó cómo se define la costa uruguaya: "desde las rutas 1 y 21 todo hasta la costa. Ruta 1 hasta intersección con los accesos a Montevideo. Después ruta 5, ruta perimetral, interbalnearia, y ruta 9 hasta la costa. Justamente la desembocadura del Santa Lucía está sólo incluida desde el puente hasta la desembocadura en el Rio de la Plata. Están incluidos barrios de Montevideo en la zona costera, pero no los humedales del Santa Lucía. También pasa lo mismo con la Laguna Negra". Desarrollo sostenible Ligrone dijo qué es el desarrollo sostenible. "No es que el agua no esté contaminada. Que sea sostenible es analizar lo ambiental, social y económicamente", señaló. Ubicación y controles a segunda planta de UPM "Está dicho en la Constitución cómo y dónde determinar el lugar de ubicación. No es que falten técnicos, tecnologías ni información. Falta hacerlo. Después ver los resultados de los estudios, y esos resultados mostrarlos a la población", aseguró el especialista. "El problema no es tanto que los estudios los hagan los promotores de la empresa, porque la Dinama los controla. El problema de eliminar la EAE y quedarnos con el estudio de impacto ambiental, es una regresión muy importante, porque un hecho fundamental es que con el estudio de impacto ambiental no se pueden evaluar las alternativas", precisó. Audio y video completos en http://www.espectador.com/medioambiente/340429/desorden-territorial |
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Enero 2017
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