CIUDADANOS DEL AGUA: Una mirada ética y social al Plan Nacional de Aguas Montevideo, 1º de diciembre de 2016 Liliana Banchero, Alondra Balbi, Adriana Cammarano, Gustavo Castillo, Federico Colman, Jaci Da Silva, Julio César De Lema, Stephanie del Puerto, George Dos Santos, Inés Enríquez Sarano, Fernando Fernández, Jorge Gilbert, Ana Carolina Hernández, Diego Saredo y Evelyn Sosa SOMOS CIUDADANOS… Por eso participamos Por eso nos comprometemos Por eso nos hacemos responsables del bien común Por eso tomamos decisiones sabiendo que ellas tienen impacto en nosotros y nuestros conciudadanos Por eso actuamos y con nuestros actos pretendemos construir una sociedad que nos incluya en la diversidad del pensar, del sentir, del hacer Por eso nos concebimos como agentes de cambio DEL AGUA… Porque es la vida Porque permite la vida Porque es un derecho humano fundamental Porque es un BIEN común. POR ELLO... Nos hacemos responsables de cuidar la cantidad y calidad del agua desde nuestras acciones individuales hasta la promoción y el reclamo por una gestión ética de su uso. Nos informamos y participamos con la conciencia que somos Estado, para construir gestión en base a un concepto de gobernanza que nos tiene como formuladores de propuestas y generadores de controles. Este Panel Ciudadano ha encontrado una forma de construir un debate en el que 15 personas de distintas procedencias, niveles de formación, edades, actividades e intereses disímiles, desarrolló una propuesta que pretende aportar y enriquecer el Plan Nacional de Aguas. Aprendimos mucho: de los documentos, de los asesores, pero fundamentalmente de las personas con las que departimos. En el consenso, en la divergencia pero con el respeto, la “amorosidad” y la alegría que se generó en el vínculo. Fuimos muy bien orientados. La metodología de trabajo propuesta por Deci Agua fue determinante para ello: directivas tales como manejar reglas del buen diálogo, trabajo en talleres, redondillas, minicoloquios, ponencias, contribuyeron con una tarea que a pesar de lo extenuante, resultó dinámica y amena. Hemos concluido un informe de este debate pero iniciamos un camino sin retorno, ser conscientes de nuestro compromiso ciudadano de participación en la gestión del agua. Llegamos al Panel como ciudadanos, devenimos en él como CIUDADANOS DEL AGUA. Introducción Para acercarse a este informe que surge de la deliberación de ciudadanos uruguayos es necesario tomar en cuenta que el estudio de la información que se nos ha proporcionado se ha realizado en un corto tiempo, lo que impide una profundización en áreas de conocimiento muy amplias. La variedad de disciplinas que están implicadas en la gestión del agua (leímos informes de carácter socioeconómico, cultural, ambiental, toxicológico, biológico, químico, geológico y geográfico, marco legal, monitoreos, etc.) nos impide tomarnos el tiempo necesario para otorgarle el valor adecuado a cada información recibida. Ésta fue una de las principales problemáticas que el grupo se encontró en cuanto al proceso de deliberación, el poco tiempo disponible para llegar a un informe final. Creemos que con tan solo 60 horas presenciales nos es imposible analizar de forma pormenorizada el Plan Nacional de Aguas. Es de resaltar que el tomar contacto con mucha información e investigaciones técnicas proporcionadas por el equipo de Deci Agua y del intercambio de saberes entre los integrantes del Panel Ciudadano nos han enriquecido ampliamente, permitiéndonos tener un panorama mucho más rico en torno a la gestión del agua. La participación ciudadana en espacios de discusión y generación de políticas ambientales es de una importancia cardinal para poder llevar adelante gestiones sustentables. La inclusión de la ciudadanía permitirá que las personas se sientan más comprometidas con una gestión integral, que requiere, resolución de problemas complejos y reconocimiento de la diversidad de personas y su forma de relacionarse con el agua. Es en este punto donde surgieron las consideraciones éticas y vimos que una mejor comprensión de las implicaciones éticas de la gestión del agua puede contribuir a un uso sustentable de los recursos hídricos. El agua como derecho humano, el agua como bien común (1), el principio de precaución, la justicia intergeneracional (2), la dimensión educativa (recopilación y trasmisión de saberes), deben ser pilares para la planificación del uso del agua en el territorio nacional. La satisfacción de las necesidades de los seres humanos y la salud de los ecosistemas están íntimamente ligadas. Consideramos que se debe aplicar para una mejor gestión del agua la transparencia en la información, la rendición de cuentas, la participación y el compromiso de los grupos de interesados. La gobernabilidad del agua es una responsabilidad compartida entre las instituciones públicas, grupos de usuarios y la ciudadanía en general. A continuación se presentan los ejes y temas que nos parecieron más importantes para tratar, así como algunas propuestas en relación a ellos: participación e involucramiento ciudadano; educación y cultura: educar para una ciudadanía del agua; calidad del agua; pago por uso del agua; y aspectos controversiales. Participación e involucramiento ciudadano En la propuesta de Plan Nacional de Aguas se reconoce que no se cuenta con las capacidades en relación con los recursos humanos y económicos como para atender las demandas de los participantes de los Consejos Regionales de Recursos Hídricos y de las Comisiones de Cuencas y Acuíferos, para procesarlas y dar respuesta adecuada en tiempo y forma conforme a la importancia del tema. Esto es un impedimento para cumplir efectivamente con el mandato del Artículo 47 de la Constitución de la República, que determina que “los usuarios y la sociedad civil participarán de todas las instancias de planificación, gestión y control de recursos hídricos”. Este Panel Ciudadano reconoce además algunas problemáticas que implican desafíos a procesar como la falta de seguimiento en la gestión de las Comisiones, la falta de estabilidad en la participación de los grupos y la baja frecuencia de sus reuniones. Con las propuestas a continuación buscamos, por un lado, apuntalar y fortalecer el funcionamiento de las Comisiones de Cuencas y, por otro, promover el involucramiento ciudadano facilitando su compromiso a través de la generación de mecanismos y canales que le aproximen a los ámbitos de toma de decisiones. Estas propuestas se relacionan con el Proyecto “Fortalecimiento técnico y del ámbito participativo de los Consejos Regionales y Comisiones de Cuencas” (del Programa 10). - Redefinir y resignificar el concepto de participación, sus contenidos y sus alcances prácticos en torno a las singularidades de la problemática del agua. - Promover la participación partiendo de la premisa “gobernar con la gente, no para la gente”. Esto es fundamental para recuperar la confianza ciudadana en la gestión. Esto implica, entre muchas otras cosas, mejorar los canales de acceso a la información y la comunicación (las actas son importantes pero no necesariamente una forma atractiva de acceder al trabajo de las comisiones). Buscando un espacio de construcción colectiva bajo la consigna “Conociendo, queremos y cuidamos”. - La mayoría de las Comisiones de Cuencas se reúnen con poca frecuencia (el reglamento prevé dos reuniones anuales como mínimo). Proponemos que se garantice al menos una reunión cada dos meses, es decir un mínimo de seis reuniones anuales. - Se propone que quienes participen en estas comisiones tengan estabilidad a fin de garantizar un trabajo coordinado y progresivo. - Es de desear que los informes y propuestas de las Comisiones de Cuencas se entreguen a los diferentes organismos, incluida la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático, y que tengan una devolución en tiempo y forma. - En el marco del Artículo 47 de la Constitución, es de destacar la importancia del derecho de los ciudadanos a estar informados para ejercer sus funciones como tales, participando e incidiendo en la gestión. - Promover la descentralización de la gestión de las Comisiones de Cuencas, creando las secretarías locales de cuencas, para que las propias localidades definan las prioridades de la agenda de cada comisión. - Instituir procedimientos de evaluación de la gestión de las Comisiones de Cuencas. Analizar el problema de la representatividad de la sociedad civil en las comisiones, teniendo en cuenta su diversidad. Hay vecinos y otros actores que no participan en organizaciones ya establecidas. Considerar modalidades de inclusión de personas no representadas. - Generar otros espacios de participación ciudadana acompañando el trabajo de las Comisiones de Cuencas, mediante metodologías deliberativas donde se convoquen a ciudadanos locales para analizar los temas que las comisiones este n trabajando y para realizar propuestas vinculadas a la realidad de la zona. Estos espacios podrían establecerse por cada departamento vinculado a una cuenca. De estas instancias y a partir del trabajo de Paneles Ciudadanos podrí a elegirse un representante, rotativo, que participe en las reuniones de las comisiones. Este tipo de iniciativa busca que la participación ciudadana no sea algo anecdótico. Se propone que sea la Udelar quien articule estos espacios. - Utilizar la figura y metodología de un Defensor Ambiental. Canalizaría las denuncias, los problemas, los aportes de las comunidades para las Comisiones de Cuencas, entre otros. Sería el motor visible de la ciudadanía. - Promover espacios de respaldo técnico para cada Comisión de Cuenca como apoyo para temas y tareas que se necesiten tratar. Considerar y promover el rol de la Udelar en esto. - Consideramos que DINAGUA necesita apoyo financiero y en recursos humanos para implementar una mejora de la gestión participativa. - Promover el apoyo de los medios de comunicación en la difusión de las actividades, contenidos y resultados de las Comisiones de Cuencas. Los medios de comunicación son importantes para hacer visible el trabajo de estas instancias y como vía de acceso a los contenidos generados en las comisiones por parte de la ciudadanía. Cuando se ven los resultados, la participación es motivada. - En relación a lo anterior, definir un porcentaje del presupuesto de los ministerios para gastos en comunicación, en el marco de una política de comunicación del agua (entre los medios a promover estarían: un “canal del agua”, la creación de una web amigable y simplificada donde se centralice la información, un servicio de comunicaciones o boletines accesibles para subscriptores, etc.). - Difundir la existencia de todas las Comisiones de Cuencas y promover la creación de nuevas comisiones. - Proponer la creación de carteleras físicas y virtuales donde se actualice el estado local y regional del agua, destacando las denuncias, las reuniones de las comisiones, los problemas, las medidas que los organismos toman, el grado de peligro, entre otros. En este sentido, esta es una acción factible de instrumentar dentro del Programa 8 del Plan. - Dar a conocer masivamente que en la web del MVOTMA se pueden realizar denuncias ambientales (http://www.mvotma.gub.uy/denuncias.html). - Que las denuncias sean visibles (públicas) y fáciles de seguir. El propósito es visibilizar la causa y la sanción, como forma de hacer circular públicamente este tipo de situaciones. Este es otro aspecto que apunta a la recuperación de la confianza en la gestión. Educación y cultura: educar para la ciudadanía del agua Compartimos algunas de las consideraciones y conceptos vertidos en el Documento de Trabajo de Deci Agua sobre la dimensión cultural del agua. “El agua y los ecosistemas acuáticos proporcionan significado cultural y espiritual de importancia fundamental… Los “paisajes de agua”, así como las experiencias vividas en torno a ellos, configuran una parte importante de la identidad cultural de las personas y los pueblos”. Tal vez se haya pasado mucho tiempo de espaldas a estos paisajes o ignorándolos por creerlos inagotables en su cantidad y calidad. La consideración de aspectos culturales debe integrarse a la hora de evaluar los impactos de la gestión del agua. También puede considerarse dentro de esta dimensión la necesidad de educar para la “cultura del agua”. En este sentido, el Programa 11 del Plan propone el diseño de estrategias para incorporar la temática cultural y educativa del agua a la agenda educativa formal y no formal. Para ello propone la articulación con los diferentes organismos de la educación y la cultura, el MVOTMA, los medios de comunicación, así como la creación de plataformas de comunicación. Este Panel Ciudadano propone incorporar a los diferentes proyectos algunos aspectos que nos parecen de interés y que aportan elementos concretos para la acción: - Que las estrategias enunciadas en el Programa 11 (Educación para el agua, desarrollo de capacidades e investigación) se centren en tema ticas propias del agua con enfoque sistémico respecto al ambiente y a la gestión. - Que los contenidos sean trabajados en todas las ramas de la enseñanza, desde primaria a la universidad, para posibilitar la formación continua de las nuevas generaciones. - Potenciar la coordinación entre la Red Nacional de Educación Ambiental (RENEA) y las instituciones educativas, estimulando sinergias en pro de fortalecer los programas educativos. - Coordinar desde la ANEP los diferentes programas para dar coherencia a un plan de formación en torno a la cultura del agua, donde se articulen los contenidos programa ticos de asignaturas tales como biología, geografía y construcción de ciudadanía, haciendo hincapié en la ética y el derecho (a partir, por ejemplo, de la materia “Construcción de Ciudadanía). - Coordinación continua de CODICEN con la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Clima tico. - Destinar recursos para realizar campan as nacionales y otro tipo de actividades como por ejemplo la institución de una semana o mes del agua. - Difundir las agendas de los diferentes ámbitos que abordan la problemática del agua (ejemplo, Comisiones de Cuencas) así como sus actas, informes y resoluciones, promoviendo una serie de debates públicos sobre sus temas específicos que contribuyan a la construcción de una ciudadanía del agua (informar para empoderar, conocer para participar). - Promover un debate en red para los estudiantes que adema s sirva de ensayo para instituir nuevas modalidades de participación incorporando herramientas tecnológicas. - Realizar campan as incorporando conceptos y asuntos en torno al agua. Más específicamente introducir en los productos alimenticios y otros, su necesidad de agua -su huella hídrica- a través de sus etiquetas. Se sugiere mencionar, a modo de campaña, que Uruguay es un exportador de agua. - Difundir en policlínicas, centros educativos, oficinas públicas, actividades, conceptos y asuntos asociados al agua y su vínculo específico con el ámbito en cuestión. - Difundir el Sistema Nacional de Emergencias promoviendo actividades de prevención en centros educativos acerca del mal manejo de los recursos hídricos pensando particularmente en sequías e inundaciones. - Generar contenidos de trabajo específicos en los organismos desconcentrados de educación atendiendo las especificidades locales. - Dar mayor visibilidad a la producción de conocimientos de la Udelar en torno al agua. - Tener apoyo de la Udelar en la promoción de la participación. - Diseñar un plan de capacitación y formación de profesionales y técnicos con apoyo de la Udelar. La universidad tiene que ser el actor de respaldo en el desarrollo de la capacitación por competencia y por independencia de intereses. - Promover que en DINAGUA haya una comisión o equipo de difusión con actores del organismo e incorpore agentes voluntarios desde la ciudadanía. Calidad del agua La intensificación de las actividades humanas ha alterado la salud de muchos ecosistemas acuáticos (como humedales, lagunas y ríos). Las principales causas, según hemos aprendido, son el enriquecimiento del agua con nutrientes (eutrofización), las alteraciones del régimen hidrológico natural, los vertidos industriales y la contaminación por agroquímicos. Otras modificaciones de los ecosistemas acuáticos potencian el efecto de la eutrofización. La deforestación de las riberas y la destrucción de humedales (consideradas áreas de amortiguación) potencian el aporte de nutrientes, ya que se pierde una barrera natural que retiene la erosión, capta parte del exceso de nutrientes, facilita la infiltración de la escorrentía y potencia la capacidad de autodepuración natural del agua. El proyecto “Medidas de preservación, mitigación de impactos y restauración de ecosistemas en las cuencas y acuíferos” (del Programa 1 del Plan Nacional de Aguas) se encuentra en ejecución. Tiene como cuencas prioritarias la del río Santa Lucía y la de la Laguna del Sauce, “donde actualmente se está aplicando un programa de medidas que incluye el establecimiento de zonas de amortiguación en las riberas de cursos de agua, lagos y embalses.” Para el primer año se propone formular directrices y objetivos; en el segundo elaborar criterios de gestión; entre los años 3 y 10 se prevé implementar los criterios establecidos en el segundo año, y recién entre los años 10 a 15 se extendería el proyecto a otras cuencas. El Panel Ciudadano entiende que los plazos son demasiado amplios, y sugiere que debe haber medidas de prevención en las restantes cuencas, hasta tanto se cumplan los tiempos estipulados por el proyecto, para evitar la contaminación. Consideramos que no sería apropiado desatender las otras cuencas por priorizar las del sur. El Decreto 253 de 1979 plantea normas que tienen por objeto prevenir la contaminación ambiental mediante el control de la contaminación de aguas, para lo cual se establece clasificar los cursos o cuerpos de agua del país según sus usos preponderantes (consumo, riego, recreación, preservación de flora y fauna, etc.). El Panel Ciudadano considera que se tiene que asignar la clase correspondiente a todos y cada uno de los cursos o cuerpos de agua y evaluar los estándares a aplicarse para asegurar la calidad del agua en cada caso. En el marco del Programa 5, en el proyecto “Armonización del marco legal para la gestión de los recursos hídricos”, se plantea revisar el Decreto 253/79 y otra normativa. El Panel considera, sin embargo, que los tiempos y plazos son muy amplios atendiendo la revisión, reglamentación e implementación. Consideramos que la revisión y nueva reglamentación es urgente. También consideramos que mediante monitoreos más frecuentes e incorporando el uso de bioindicadores (3) se podría evaluar el estado de salud de los ecosistemas acuáticos y elaborar políticas de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad. Con relación a los agroquímicos, en la propuesta de Plan Nacional de Aguas se señala que “El Decreto Nº 253/79 y sus modificativos requieren ser actualizados en tipos y estándares de agroquímicos, ya que la mayoría de los compuestos reglamentados están prohibidos en Uruguay.” Según Amalia Laborde (Departamento de Toxicología de Facultad de Medicina – Udelar, y Directora del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico-CIAT) algo a mejorar es que, actualmente la etiqueta de peligrosidad de plaguicidas es solo para aquellos con toxicidad aguda: “La peligrosidad aguda implica que con una baja dosis se puede ver un efecto”. Pero el riesgo de una sustancia no solo depende de su peligrosidad sino también de la cantidad y persistencia de la exposición que tenga el ser humano. Hay circunstancias en las que un producto que está clasificado con una menor categoría de toxicidad se usa en grandes cantidades o se vuelca sobre un sector en particular, pudiendo ser tóxico para las personas. Desde el punto de vista del CIAT, lo importante es evaluar para qué se usan las sustancias químicas, con qué beneficio real y controlar todos los medios a través de los cuales las personas se pueden exponer. La posición del CIAT es que el agua que bebemos debe tener monitorización de los plaguicidas más utilizados en el país, independientemente de cómo estén clasificados desde el punto de vista toxicológico. En base a esta información proporcionada durante el coloquio, compartimos que sería importante medir el nivel de agroquímicos en medios (agua por ejemplo), en alimentos y en seres humanos, para tener información que permita tomar mejores decisiones y zanjar muchas de las discusiones y preocupaciones legítimas que tiene la población. Como Panel Ciudadano sugerimos que se comience rápidamente a trabajar en estos aspectos. En los controles hay que considerar, además de los agroquímicos, los desechos industriales y el tratamiento de los desechos domiciliarios. Uno de los temas que no hay que olvidar es que las ciudades en el interior están en las inmediaciones de los cauces de los ríos, por lo cual hay que controlar las aguas residuales. Se destaca que ya esté en ejecución el Proyecto “Sistema de monitoreo de cantidad y calidad de aguas superficiales y subterráneas” (del Programa 9 del Plan). Apuntamos que es necesario que haya monitoreos frecuentes y un seguimiento de los procesos de los mismos. El Panel propone que la ciudadanía tenga la posibilidad de colaborar e implicarse en los monitoreos. Además, si bien los monitoreos del uso de agroquímicos son potestad del MGAP, es opinión del Panel que DINAGUA y/o las Intendencias Departamentales también puedan realizarlos. Aunque las aguas marítimas no se mencionan en el Plan, el Panel propone expandir el monitoreo completo a estas aguas. Dentro del “Sistema Nacional de Información Ambiental (SISNIA)” que se pretende desarrollar como parte del Programa 8, consideramos importante que la información de los monitoreos y controles sea de carácter público. El acceso ciudadano debe ser más sencillo e inmediato a los estudios y la información debería publicarse no solo a través de la web sino también de otros medios (TV, radio, diarios, anuncios públicos, que son de mayor llegada a la población). El Panel también considera necesario que las evaluaciones de impacto ambiental incorporen a diferentes actores (instituciones públicas, técnicos, académicos, usuarios y ciudadanía) y no queden únicamente en manos de las empresa proponentes. En el Plan falta foco en la salud humana. En el Programa 3 “Agua para uso humano” no aparece el tema salud y no se incluye al MSP como actor involucrado. No se encontraron vínculos en la propuesta de Plan entre salud y contaminación. Recibimos como respuesta de DINAGUA que dicho proyecto sería reformulado para considerar este aspecto. Nos gustaría saber de qué forma será contemplado. Frente al hecho de que puede haber problemas de salud por contaminación del agua (hay denuncias sobre esto), debería estar previsto en el Plan el estudio y control de la salud de la población. Según información de algunos asesores y expertos consultados (Dra. Amalia Laborde, Dr. Néstor Mazzeo, Dr. Franco Teixeira de Mello) notamos que en Uruguay hay pocos antecedentes de investigaciones vinculadas a esta temática y por tanto carecemos de información científica que permita establecer relaciones entre alteraciones en la salud y procesos de contaminación en el agua. Este tema debería ser prioritario. Pensamos que en todas las denuncias vinculadas a la salud tendría que involucrarse al MSP como actor responsable. La elaboración de estrategias de minimización de impactos tiene un rol relevante en la reducción de la exposición de la población (y el ambiente) a los contaminantes que llegan al agua. Algunos ejemplos que se sugieren por parte del Panel Ciudadano son los siguientes: si se va a planificar un espacio público, que se tenga en cuenta espacios entre baldosas, canaletas, etc. para permitir el proceso de infiltración; construir sistema de alcantarillados con canastos de rejillas que impidan la llegada de residuos sólidos a los cursos de agua; construir depósitos del agua de escorrentías que sirva para usos no consuntivos; promocionar la captación de agua de lluvia y de cubiertas verdes en edificios públicos; reducir, sustituir y/o eliminar el uso de sustancias tóxicas (como el glifosato) para servicios públicos como por ejemplo el control de malezas. Pago por uso del agua De la lectura de los documentos tomamos conocimiento de que el principio de compensación y pago por parte de los usuarios es un principio importante vinculado a la ética del agua. Como usuarios, los seres humanos debemos pagar por el uso de los recursos. El “canon” es un concepto económico surgido en las últimas décadas mediante el cual una empresa u organización abona al Estado una cierta cantidad de dinero, ya que utilizará un recurso hídrico (río, arroyo, laguna, etc.) para actividades comerciales de distintos ámbitos. Se plantea que la economía no tendría que limitarse a las cuestiones de valor monetario del agua, sino que también deberían considerarse otro tipo de costos como los sociales y ambientales. La idea del Panel Ciudadano es trascender lo económico a fin de introducir la mirada ética en la gestión del agua. En este sentido sería pertinente aclarar los niveles de consumo y consumidores a la hora de establecer los criterios de tarificación. Tomamos en consideración los aportes realizados por la integrante del Grupo Asesor de Deci Agua, Dra. Gianella Bardazano que explica la importancia de tomar como punto de partida la normativa internacional a fin de establecer lo que significa disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Hace referencia al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la Observación General Nº15. Según estas pautas, concebir el agua como derecho humano no supone la gratuidad del servicio sino la asequibilidad al mismo. En este sentido y teniendo en cuenta la Observación General 15 y el Artículo 47 de la Constitución, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, dentro de las cuales se encuentran la aplicación de políticas de precios adecuadas, y el suministro de agua a título gratuito o a bajo costo para los casos de poblaciones o grupos vulnerables. Garantizar estos derechos implica costos de financiamiento que se obtienen de la carga impositiva y las tarifas de los servicios públicos. En el Documento de Trabajo de Deci Agua se presentan algunos criterios que se han propuesto para vincular las prioridades del uso del agua y su pago. Entre esos criterios, consideramos interesantes los propuestos por la Fundación Nueva Cultura del Agua (4): Agua para la Vida; Agua Ciudadanía; Agua Economía y Agua Delito. El agua-vida sería la vinculada a funciones de supervivencia de la humanidad y de los demás seres vivos y por ello una categoría prioritaria para garantizar el acceso de todos (como derecho humano) a cuotas básicas de agua potable (el acceso a 30 litros por persona y por día suele tomarse como referencia del derecho humano al agua potable) y servicios básicos de saneamiento. En esta categoría la Fundación propone ubicar también al agua necesaria para garantizar la soberanía alimentaria, especialmente de las comunidades más vulnerables y también los caudales necesarios, en cantidad y calidad, para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y sus entornos. El agua-ciudadanía sería un segundo nivel de prioridad vinculado a los servicios domiciliarios de agua y saneamiento (ámbito de derechos y deberes ciudadanos). Si se considera que se precisan entre 50 y 100 litros/persona/día, para permitir una calidad de vida adecuada, esta cantidad debería ser accesible para todos. Por lo tanto, no deberían generar lucro, sino basarse en el interés general y apoyarse en modelos tarifarios que alienten la responsabilidad ciudadana; el precio debería elevarse de forma tal que los usos excesivos e incluso suntuarios (jardines, piscinas, etc.) se utilicen para subvencionar a quienes tienen dificultades para pagar. En la categoría agua-economía se encontrarían las actividades económicas. Aunque sean derechos legítimos (de mejorar el nivel de vida o enriquecerse -dado el sistema actual-) no pueden vincularse al ámbito de los derechos humanos ni al de los derechos ciudadanos. No debería poder justificarse la contaminación de un río apelando al desarrollo económico. En esta categoría del agua-economía se debería manejar el principio de recuperación de costos financieros (amortización de inversiones, mantenimiento, gestión), ambientales y otros. Agua-delito: refiere a una categoría de usos que podrían considerarse ilegítimos por sus impactos. Si se pone en riesgo la salud y el bienestar del conjunto de la sociedad, no se trataría de pagar más o menos, sino de prohibir esas actividades y aplicar la ley de forma estricta. En esta categoría se han propuesto incluir, por ejemplo, los caudales utilizados en actividades como la minería de oro a cielo abierto que utilice cianuro (por el peligro de contaminación que representan para ríos y acuíferos) y a los caudales vinculados con la técnica de “fractura hidráulica” o “fracking” ya que supone inyectar al subsuelo grandes cantidades de agua a presión con arena y diversos químicos de alta toxicidad (benceno, plomo y una larga lista de productos cancerígenos) para liberar el gas natural residual existente en determinadas rocas a gran profundidad. Por otra parte, consideramos de importancia el concepto de “agua virtual” (5). Se ha defendido su consideración a la hora de calcular la “huella hídrica” (6). El último concepto, al incluir al agua virtual, ayuda a visualizar el uso oculto del agua de diferentes productos, y a comprender los efectos del consumo y el comercio frente al agua y su disponibilidad. Ambos términos (agua virtual y huella hídrica) son útiles para cuantificar el uso de agua de procesos y productos y promover su uso responsable. El Código de Aguas de 1979 determina que una de las competencias del Poder Ejecutivo es establecer cánones para el aprovechamiento de aguas públicas. La propuesta de Plan Nacional de Aguas, en su Proyecto “Instrumentos económicos para la gestión” (del Programa 5) propone una revisión de los antecedentes y reformulación de objetivos, criterios y nuevas propuestas en el establecimiento y cobro de cánones por uso, multas o sanciones. Proponemos que al desarrollar dicho proyecto, se tenga en cuenta lo siguiente: - La visión ética en la gestión del agua y en este sentido los conceptos de “agua virtual” y “huella hídrica” así como el establecimiento de criterios como los mencionados de la Fundación Nueva Cultura del Agua para considerar prioridades de uso del agua. - Que lo recaudado se direccione para la protección y conservación de los recursos hídricos, para las Comisiones de Cuencas, para apoyar los controles y monitoreos, y para investigaciones científicas (por ejemplo, creando un fondo para apoyar la investigación en esos temas). - Establecer un plan de implementación de cánones (agroindustria, maderera, frigorífico, papelera) a fin de ir evaluando y reformulando el funcionamiento que optimice los beneficios para el ambiente y la ciudadanía en el nuevo establecimiento de los mismos. Promover el involucramiento para que estos usuarios se acoplen a ese plan. El canon debe considerar también el agua que se devuelve luego de su uso. - Hacer hincapié en el sector exportador; cobrar a las industrias de manera diferencial, por no tratarse de uso para consumo humano; cobrar el canon a cualquier emprendimiento que implique lucro. - Especificar que se comience con grandes industrias y que se relacione con el gran consumo, no recayendo en los pequen os productores sino en empresas con la suficiente infraestructura para implementar dicho plan sin un alto impacto en su economía. - Se plantea la preocupación sobre cómo gestionar este tema en conjunto con los países de la región. Aspectos controversiales Durante la deliberación surgieron algunos temas que no forman, necesariamente, parte del Plan Nacional de Aguas. La modificación de la Ley de Riego y la vinculación de los problemas del agua con los modelos de desarrollo surgieron de forma reiterada y fueron ampliamente discutidos en relación a la gestión del agua. Nos parece que por la relevancia que tuvieron merecen ser desarrollados en un capítulo aparte. Ley de Riego La Ley de Riego (Nº16.858, de 1979) y su modificación (proyecto que está actualmente en el Parlamento) están directamente implicadas en el tema que estamos tratando. Nuestra visión es integral, miramos al agua en su contexto ambiental. Hablamos del riego porque estamos implicados en el tema del agua como ingrediente vital y determinante del ambiente. Entendemos que está bien que se revise la Ley de Riego. Pero la propuesta que está siendo discutida tiene demasiados aspectos controversiales y demasiadas dudas provenientes de distintos sectores, como la Sección Limnología (de la Facultad de Ciencias), la Comisión Nacional de Fomento Rural, y organizaciones ambientalistas como REDES-Amigos de la Tierra. Por otra parte, los argumentos a favor de esta modificación no están del todo claros. El Panel Ciudadano comparte estas dudas y por ello considera y realiza las siguientes consideraciones y propuestas sobre el proyecto de modificaciones a la Ley de Riego: - Es una iniciativa nacional que puede tener impactos sobre la cantidad y la calidad del agua por lo que es necesaria la contemplación del principio de precaución (7). - Cuando se realice una propuesta de modificaciones a la ley, debería tener el asesoramiento de distintos sectores de la academia y el punto de vista de los actores involucrados, incluyendo las Comisiones de Cuencas y la ciudadanía. - Proponemos que las posibles modificaciones a la Ley de Riego este n en concordancia con el Plan de Aguas. - Existe una posible inconstitucionalidad por el Artículo 47. El hecho de que se hable en la modificación de la Ley de Riego de “conjunto de vecinos, y/o estos con inversores y/u operadores especializados en la gestión de riego” abre la puerta a posibles tercerizaciones encubiertas que se contrapongan a lo votado en el Plebiscito del agua en Uruguay realizado en el año 2004. En dicha ocasión se plebiscitó la reforma constitucional que puso en manos del Estado en forma exclusiva la distribución de agua potable y saneamiento en Uruguay. La propuesta contó con casi el 65% de apoyo. - Para mantener la salud de los cursos de agua es necesario que ésta fluya. Hay que conocer los efectos ambientales de los represamientos previo a la implementación local. - Las definiciones sobre los cálculos de caudal ecológico deben ser previas a las acciones en el territorio a fin de garantizarlas efectivamente. - Pensando en las garantí as que los usuarios reclaman sería deseable que el agua represada fuese monitoreada en los lugares de toma para saber los valores con los que es recibida, y en los lugares de desagüe para verificar de qué manera es devuelta a los cauces. - Habría que dejar en claro quién será la autoridad competente a cargo de dirimir en caso de conflictos. Dadas estas consideraciones, creemos importante hacer llegar este informe también al Parlamento. Modelos de desarrollo Este tema, si bien es subyacente a la deliberación del Plan Nacional de Aguas, es complejo y tiene múltiples visiones por lo cual se trató en varias oportunidades sin pretender ser exhaustivo ni concluyente. Sin embargo, el Panel Ciudadano considera que de la revisión de los documentos de los diferentes integrantes del Grupo Asesor, surge, por ejemplo, la discrepancia sobre las causas subyacentes de los problemas hídricos en el país: los modelos de producción son una de ellas. - Para algunos de los asesores y algunos integrantes del Panel Ciudadano esas causas basales hay que buscarlas en el modelo de desarrollo de producción intensiva (cambios de uso de la tierra, cultivos con uso extendido de agroquímicos, la forestación con pino y eucalipto, la extensión del agronegocio). - Por otra parte, y desde otros sectores, se identificó como una debilidad de la propuesta de Plan Nacional el no considerar el uso productivo del agua. Las diferentes visiones sobre los modelos de producción y desarrollo se traducen en diferentes visiones sobre el uso del agua en dichos modelos. La discrepancia entre los integrantes del Grupo Asesor al respecto, refleja la necesidad de debates, diálogos y consensos amplios. El Panel Ciudadano refleja esa diversidad y considera: - Que un Plan Nacional de Aguas debe pensarse en relación a la revisión crítica de los modelos de desarrollo del país. - Es necesario el debate, ya que no son cosas aisladas, las formas del desarrollo esta n relacionados con el agua. - Hay que transparentar las divergencias respetándose mutuamente. - Poner el énfasis en los aspectos no económicos del desarrollo a la hora de pensar en el futuro y centrarlo en el ser humano y su vínculo con la naturaleza. - Manejar, explicitar y encauzar los conflictos entre ministerios y diferentes niveles de gobierno. La respuesta del asesor Dr. Javier Taks a la pregunta sobre la relación del Plan y la discusión sobre modelos de desarrollo sintetiza el sentir del Panel Ciudadano y por eso la citamos como deseo: “Imaginar el país inserto en el mundo con la consigna: hacemos la mejor gestión de agua del mundo, por lo tanto no estamos dispuestos a autorizar formas de producción y consumo que nos desorienten de ese principio, incluso a riesgo de un menor crecimiento económico. Apostamos nuestras capacidades intelectuales en crear y mantener la mejor gestión del agua del mundo, en su interconexión con el derecho humano al agua y la reproducción de un ambiente sano.” Palabras finales Este Plan Nacional de Aguas puede ser un paso importante para la gestión de nuestros recursos hídricos. Para ello precisará del involucramiento de la ciudadanía. Dado que se contempla la revisión de los avances del Plan, se considera que éste u otros paneles ciudadanos podrían hacer un seguimiento de los proyectos que se desarrollen. Notas: (1) Por “bien común” se entiende en general, aquello que es compartido por, y da beneficio a, todos los miembros de una comunidad, en sentido general (no solo material o económico). (2) Se apunta a una justicia intergeneracional cuando las oportunidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades son, por lo menos iguales, o mayores que las de las generaciones actuales. (3) Los bioindicadores o indicadores biológicos son especies que permiten deducir alguna característica del medio en el que se encuentran. Son aquellos organismos (o restos de los mismos) que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual (o pasado) relacionado con el estudio de un ambiente, como delinear una eco-región, indicar contaminación o cambios climáticos, entre otras. (4) La Fundación está conformada por investigadores de España y Portugal que desde el año 2006 han conformado un grupo para dar seguimiento al proceso de aplicación de la Directiva Marco del Agua Europea a través de un Observatorio de Políticas de Agua (OPPA). Disponible en: http://www.fnca.eu/guia-nueva-cultura-del-agua/). (5) Llamada así por organismos como la UNESCO. Es el agua que se requiere para producir un bien y que puede estimarse por medio de las estadísticas del comercio internacional de productos y de estimaciones del contenido de agua virtual de dichos productos. (6) Volumen total de agua dulce que se utiliza para producir los bienes y servicios consumidos por el individuo o comunidad, empresa o tipo de producto y comercio. (7) Este principio es un concepto que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o el medio ambiente, aunque no se cuente todavía con una prueba científica definitiva de tal riesgo. Haz clic aquí para editar.
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"Madera de sobra", "Mujeres de buena madera", "Visualizan a Uruguay como un polo de desarrollo forestal de alto valor", son los titulares de estos días en la prensa nacional, que evidencian la nueva ofensiva publicitaria del 'lobby' forestal para expandirse ante la posible instalación de una tercera planta de celulosa anunciada por el presidente de la República. Empresas plantadoras y de servicios, fondos de inversión y técnicos forestales, junto con políticos que los apoyan, utilizan una serie de afirmaciones seudocientíficas para justificar los beneficios de las plantaciones en gran escala de eucaliptos y pinos para la fabricación de celulosa. Apuntan a un público urbano sin experiencia ni conocimiento de las condiciones ambientales y de producción en el campo. Cada vez que el 'lobby' forestal lanza una campaña propagandística, los argumentos utilizados son siempre los mismos. Presentamos a continuación un trabajo escrito del técnico forestal uruguayo Ricardo Carrere, ex secretario internacional del Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM / World Rainforest Movement), dando una respuesta fundamentada a esos argumentos. El WRM es una red internacional de grupos ciudadanos que trabaja para asegurar la tierra y los medios de sobrevivencia de los pueblos que habitan los bosques y apoya sus esfuerzos para defender los bosques de la tala comercial, las represas, la minería, la explotación petrolera, las plantaciones, las granjas camaroneras, la colonización y otros proyectos que los ponen en peligro. Este trabajo fue publicado por primera vez en 1999 y reimpreso en 2004. Diez Respuestas A Diez Mentiras Ricardo Carrere Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales Plantar árboles puede ser muy bueno, pero también puede ser muy malo.
Depende de su objetivo, de su escala, del sitio donde se instalen y de los beneficios o perjuicios que generen para las poblaciones locales. Las plantaciones a gran escala con especies de rápido crecimiento, tales como eucaliptos y pinos, son las que generan mayores impactos negativos, tanto en lo social como en lo ambiental. Debido a dichos impactos, ese tipo de plantaciones ha dado lugar a luchas generalizadas en su contra. La respuesta de las empresas plantadoras y de los promotores que impulsan este modelo ha consistido en desmentir la ocurrencia de tales impactos y en elaborar y difundir una engañosa propaganda destinada a ganar apoyo en sectores no informados de la población. Entre las muchas falsedades publicitadas en favor de los monocultivos forestales a gran escala se encuentran las 10 siguientes: Mentira 1: Las plantaciones forestales son “bosques plantados” Tanto los técnicos como las empresas insisten en llamar “bosques plantados” a las plantaciones. Esta confusión entre un cultivo (de árboles) y un bosque es el punto de partida de la propaganda en favor de las plantaciones. En un mundo concientizado sobre el grave problema de la deforestación, la actividad de “plantar bosques” es generalmente percibida como algo positivo. Sin embargo, una plantación no es un bosque y lo único que tienen en común es que en ambos predominan los árboles. Allí termina su similitud. Un bosque contiene: • numerosas especies de árboles y arbustos de todas las edades • una gran cantidad de otras especies vegetales, tanto en el suelo como sobre los propios árboles y arbustos (trepadoras, epífitas, parásitas, etc.) • una enorme variedad de especies de fauna, que encuentran allí abrigo, alimentos y posibilidades de reproducción Esa diversidad de flora y fauna interactúa con otros elementos como los nutrientes del suelo, el agua, la energía solar y el clima, de tal manera que aseguran su autoregeneración y la conservación de todos los elementos que lo componen (flora, fauna, agua, suelo). Las comunidades humanas también forman parte de los bosques, ya que muchos pueblos los habitan, interactúan con ellos y allí obtienen un conjunto de bienes y servicios que aseguran su supervivencia. A diferencia del bosque, una plantación comercial a gran escala se compone de: • una o pocas especies de árboles de rápido crecimiento, plantados en bloques homogéneos de la misma edad • muy escasas especies de flora y fauna que logran instalarse en las plantaciones Las plantaciones comerciales requieren preparación del suelo, selección de plantas de rápido crecimiento y con las características tecnológicas requeridas por la industria, fertilización, eliminación de “malezas” con herbicidas, plantación a espaciamiento regular, cosecha en turnos cortos. Por otra parte, las comunidades humanas no sólo no habitan las plantaciones comerciales, sino que normalmente ni siquiera se les autoriza el acceso, ya que son vistas como un peligro para las mismas. En el mejor de los casos, son percibidas como proveedoras de mano de obra barata para la plantación y para la cosecha de los árboles que se realizará años más tarde. Como además su objetivo es producir y cosechar grandes volúmenes de madera en el menor tiempo posible, se puede decir que tiene las mismas características que cualquier otro cultivo agrícola. Por lo tanto, no se trata de un “bosque”, sino de un cultivo, tal como es frecuentemente admitido por las propias empresas plantadoras al ser preguntadas al respecto. En síntesis, una plantación no es un “bosque plantado”, ya que además de todo lo anterior, resulta evidente que no es posible plantar, ni la diversidad de flora y fauna que caracteriza a un bosque, ni el conjunto de interacciones con los elementos vivos e inorgánicos que se dan en un bosque. Mentira 2: Las plantaciones forestales mejoran el medio ambiente Presentadas como “bosques plantados”, se dice que las plantaciones sirven para proteger y mejorar los suelos, para regular el ciclo hidrológico y para conservar la flora y la fauna locales. 1) Los suelos. Este tipo de plantaciones tienden a degradar los suelos por la conjunción de una serie de factores: • erosión, en particular porque el suelo queda desnudo tanto durante los 2 primeros años posteriores a la plantación como durante los 2 años posteriores a la cosecha, lo que facilita la acción erosiva del agua y del viento. • pérdida de nutrientes, tanto por la erosión como por los elevados volúmenes de madera extraídos del sitio cada pocos años. • desequilibrios en el reciclado de nutrientes. Por tratarse de especies exóticas, los organismos descomponedores locales encuentran grandes dificultades para descomponer la materia orgánica que cae de los árboles (hojas, ramas, frutos), por lo que los nutrientes que caen al suelo demoran mucho en poder volver a ser reutilizados por los árboles. Tanto en el caso de pinos como eucaliptos, es común ver cómo se va acumulando sin descomponer la hojarasca sobre el suelo. • compactación, por el uso de maquinaria pesada, lo que dificulta la penetración del agua de lluvia y facilita la erosión. • difícil reconversión. Del conjunto de esos y otros impactos, resulta que en muchos casos resultará muy difícil poder volver a utilizar esos suelos para la agricultura. 2) El agua. Este vital elemento es afectado tanto en cantidad como en calidad: • a nivel de cuenca, el volumen de agua disponible tiende a disminuir luego de la instalación de estas plantaciones. En realidades tan diversas como el sur de Chile, el estado de Espírito Santo en Brasil, Sudáfrica o Tailandia, se constata que el régimen hídrico sufre cambios negativos importantes como resultado de la plantación de grandes áreas de pinos y eucaliptos de rápido crecimiento. Ello se debe a varios factores, pero el principal es el elevado consumo de agua de estas especies. Para crecer, los vegetales llevan los nutrientes del suelo hasta las hojas, donde se produce la fotosíntesis. El vehículo para llevar los nutrientes hasta la hoja es el agua. Para crecer más, necesitan más nutrientes, lo que implica mayor uso de agua para transportarlos hasta las hojas. Dado que se trata de extensas plantaciones creciendo a un ritmo muy acelerado, los impactos sobre el agua se vuelven cada vez más graves, llegando hasta la desaparición de manantiales y cursos de agua. • para confundir, los promotores de las plantaciones arguyen que algunas especies de árboles (en particular eucaliptos) producen más biomasa por unidad de agua utilizada y que por consiguiente son más “eficientes” que los árboles nativos. Sin embargo, no toman en cuenta que las plantaciones de eucaliptos son notoriamente “ineficientes” en la producción de alimentos, forraje, medicinas, fibras vegetales, frutos, hongos y otros productos que la gente local obtiene de los bosques. Además, resulta irrelevante definir la eficiencia de una plantación de eucaliptos para producir madera con una determinada cantidad de agua, si de todas formas utiliza más agua que la que el área puede producir. • las especies más comúnmente utilizadas en plantaciones (eucaliptos y pinos) dificultan la infiltración del agua en el suelo, lo que, sumado al enorme consumo de agua, agrava los impactos a nivel de cuenca. • la calidad del agua también se ve afectada, tanto por la erosión como por el uso generalizado de agroquímicos, que la contaminan. 3) La flora. Los impactos sobre la flora local son múltiples y graves debido a la gran escala de estas plantaciones, que afectan a una enorme cantidad de hábitats: • en muchos casos, las plantaciones constituyen un factor de deforestación, ya que su instalación es precedida por la tala o incendio del bosque preexistente, tal como sucede a menudo en áreas tropicales y en particular en Indonesia. En estos casos el impacto es enorme. • en la zona templada, la flora del ecosistema de pradera disminuye su abundancia y riqueza cuando sobre la misma se instalan plantaciones. • en el área de la plantación, gran parte de la flora local es exterminada para evitar que compita con los árboles plantados y sólo algunas pocas especies logran instalarse al interior de las plantaciones. Pero incluso esas pocas especies son eliminadas cada pocos años, cuando la plantación es cortada y replantada, volviéndose a la aplicación de herbicidas para eliminar la competencia. • entre la flora que desaparece al interior de la plantación, es importante destacar muy especialmente la flora del suelo, que cumple un papel fundamental en el mantenimiento de la fertilidad del suelo en el largo plazo. • el impacto ya mencionado sobre el agua también afecta a la flora local, incluso a gran distancia del sitio de la plantación. 4) La fauna. Los impactos sobre la fauna • para la mayor parte de las especies de la fauna local, las plantaciones son desiertos alimenticios, por lo que tienden a desaparecer. Las pocas especies que logran adaptarse, o son exterminadas (por considerárselas “plagas” para la plantación) o ven desaparecer su nuevo hábitat cada vez que la plantación es cortada para la venta de la madera. • cuando la plantación es precedida por la deforestación, el impacto sobre la fauna local es máximo. • al igual que en el caso de la flora, tanto la deforestación previa a la plantación como los cambios en el agua y el suelo afectan negativamente a una amplia gama de especies de la fauna. • los desequilibrios biológicos provocados por estas plantaciones frecuentemente dan lugar a la aparición de plagas que afectan a las producciones agropecuarias aledañas. Mentira 3: Las plantaciones sirven para aliviar la presión sobre los bosques El argumento es que, al haber más madera disponible a partir de las plantaciones, esto se traducirá en una menor extracción de madera de los bosques nativos. Pese a que pueda parecer lógico, la realidad es que se ha constatado que las plantaciones son en general un factor más de deforestación debido a que: • en muchos países, las plantaciones se instalan eliminando previamente el bosque existente. En algunos casos, tal eliminación se realiza mediante gigantescos incendios provocados, en tanto que en otros la corta del bosque y la venta de la madera sirven para financiar la plantación. También se da el caso de que la plantación justifica la deforestación, ya que se sostiene que la corta de amplias áreas no constituye deforestación en caso de que sea seguida por la plantación de árboles. En algunos casos, el simple anuncio del interés de empresas plantadoras de invertir en determinada región resulta en un movimiento especulativo que consiste en adquirir y degradar rápidamente áreas de bosques para posibilitar que las mismas puedan ser luego destinadas a la plantación de árboles por parte de dichas empresas. • en numerosos casos el proceso arriba mencionado determina la migración (voluntaria o forzada) de los pobladores de la región, que se ven obligados a ingresar a otras áreas boscosas donde inician un proceso de deforestación para poder atender a sus necesidades básicas. Es decir, que en esos casos la deforestación generada por la plantación es doble. • la madera producida en plantaciones de ninguna manera sustituye a las valiosas especies del bosque tropical, debido a que ambas tienen mercados distintos. En tanto que la mayor parte de la madera de plantaciones se destina a la producción de papel y productos de madera de baja calidad, la mayor parte de la madera extraída de los bosques (en particular tropicales) es transformada en productos de alta calidad. • este argumento ignora además el hecho de que el consumo de madera no constituye la única causa de deforestación. Numerosas áreas de bosques son a menudo eliminadas para destinar el suelo a cultivos de exportación o a ganadería extensiva; otras desaparecen bajo gigantescas represas hidroeléctricas; los manglares son eliminados para destinar el área a la producción industrial del camarón, la explotación petrolera y minera destruyen amplias áreas boscosas, etc. Ninguno de estos procesos destructivos guarda relación alguna con la mayor o menor área destinada a monocultivos forestales, por lo que resulta claramente falso que en este caso puedan “aliviar la presión” sobre los bosques. En definitiva, pese al creciente auge de las plantaciones forestales, el área boscosa del planeta sigue disminuyendo, lo que demuestra que el pretendido alivio de la presión sobre los bosques no es más que un ejercicio de publicidad interesada. Mentira 4: Las plantaciones permiten aprovechar y mejorar tierras degradadas Este argumento, promovido por las grandes empresas plantadoras, es absolutamente falso en su caso, ya que las plantaciones comerciales a gran escala rara vez se instalan en tierras degradadas. La razón es muy sencilla: en tales tipos de suelos los árboles no crecen bien, por lo que plantar allí no resulta rentable. Dicho lo anterior, es necesario aclarar algunos aspectos, ya que todo este tema tiende a ser muy confuso. En efecto, hay que aclarar qué es lo que se entiende por “tierras degradadas”, así como destacar que algunos tipos de plantaciones no comerciales efectivamente se realizan en tierras degradadas y logran mejorarlas. Para el común de la gente, la expresión “tierra degradada” despierta una visión de tipo lunar, con suelos gravemente erosionados y escasa o nula vegetación. En estos casos, toda actividad que apunte a recuperar esos suelos, ya sea mediante la plantación de árboles o por otros medios, puede ser considerada como esencialmente positiva. Sin embargo, la expresión “tierra degradada” puede implicar simplemente un área de bosque que fue talada o un área agrícola de subsistencia, que conservan su potencial productivo. También se suele hablar de “tierras subutilizadas” como sinónimo de degradadas. En resumen, las empresas plantadoras son quienes definen que la tierra está degradada o subutilizada y de tal manera justifican sus plantaciones frente a la opinión pública. Sin embargo, los pobladores locales generalmente no están de acuerdo ni con que la tierra esté degradada o subutilizada y mucho menos con que deba plantarse con eucaliptos, pinos u otras especies comerciales. Esto es lo que en muchos casos explica la resistencia de los pobladores locales frente al avance plantador, que intenta apropiarse de tierras que son productivas y no “degradadas” ni “subutilizadas”. En segundo lugar, no puede asumirse que una plantación comercial a gran escala de eucaliptos o pinos tengan la misma capacidad para rehabilitar tierras degradadas que la que tienen las plantaciones a menor escala de especies forrajeras, alimenticias, productoras de leña para abastecer a la población local o fijadoras de nitrógeno. Mentira 5: Las plantaciones sirven para contrarrestar el efecto invernadero Este es uno de los argumentos que se han puesto más de moda recientemente. Se dice que a medida que los árboles van creciendo, van tomando carbono en cantidades mayores a las que emiten, de modo que tienen un balance neto positivo respecto de la cantidad de dióxido de carbono (el principal gas de efecto invernadero) en la atmósfera. Sin embargo, las plantaciones forestales tienen todavía que demostrar que son sumideros de carbono. En términos generales, cualquier área cubierta de plantaciones, en ausencia de pruebas en contrario, debería ser considerada una fuente neta de carbono y no un sumidero. En primer lugar, porque en muchos casos estas plantaciones sustituyen a bosques, lo que significa que los volúmenes de carbono liberados por la deforestación sean superiores a los que la plantación en crecimiento podría capturar, incluso en el largo plazo. Incluso cuando no implican deforestación, se instalan en otros ecosistemas que también almacenan carbono (tales como las praderas), que es liberado a la atmósfera a consecuencia de la plantación. Hay además una segunda cuestión crucial: ¿estas plantaciones serán cosechadas o no? De darse la primera hipótesis serían, en el mejor de los casos, tan sólo sumideros temporarios: el carbono es almacenado hasta la cosecha para luego ser liberado en pocos años (en algunos casos incluso en meses) cuando el papel u otros productos provenientes de las plantaciones son destruidos. En el caso de que los árboles no fueran cosechados, las plantaciones estarían ocupando millones y millones de hectáreas que podrían estar dedicadas a propósitos mucho más provechosos, como la producción de alimentos. O sea, que existen muchas incertidumbres en relación con la suposición de que las plantaciones son, en todo lugar, sumideros de carbono por un lapso mayor que el período temprano de rápido crecimiento, dado que pueden no serlo siquiera en ese período. Esta suposición de “sentido común” debe ser respaldada con investigaciones antes de que las plantaciones sean aceptadas sin más como sumideros de carbono. Finalmente, es fundamental ver el tema en su total dimensión y analizar el conjunto de impactos que la promoción de grandes monocultivos forestales con especies de rápido crecimiento puede generar en otras áreas ambientales y sociales. Sabiendo que estas plantaciones impactan sobre el ambiente (suelos, agua, flora y fauna) y sobre las comunidades locales, no resulta aceptable promoverlas con un propósito “ambiental” como el de contrarrestar el efecto invernadero. La solución tiene que venir por el lado de la reducción de emisiones de CO2 (derivadas del uso de combustibles fósiles) y por la protección de los bosques y no por intentos de colonizar enormes áreas de tierra sin haber analizado cabalmente las consecuencias. Mentira 6: Las plantaciones son necesarias para abastecer un consumo creciente de papel El consumo de papel es generalmente percibido como algo positivo, vinculado a la alfabetización, al acceso a información escrita y a una mejor calidad de vida. Esa percepción por parte del público es utilizada por las empresas plantadoras para justificar la supuesta necesidad de aumentar la producción de celulosa a partir de sus extensas plantaciones de pinos y eucaliptos. Por lo tanto, este tema requiere varias precisiones: • gran parte de la celulosa producida en el Sur no está destinada a abastecer a la población de esos países, sino a los consumidores del Norte. En tanto que Estados Unidos y Japón tienen un consumo anual de papel per cápita de más de 330 y 230 kilos respectivamente, países exportadores de celulosa como Chile, Sudáfrica, Brasil e Indonesia muestran un consumo per cápita de 42, 38, 28 y 10 kilos respectivamente. • alrededor del 40% del papel producido en el mundo es utilizado para embalaje y envoltura, en tanto que sólo el 30% se destina a papeles de escritura e impresión, por lo que el argumento de la alfabetización no es tan relevante como se lo pretende mostrar. • además, gran parte del consumo de papeles de escritura e impresión está destinado a la publicidad. En los Estados Unidos, el 60% del espacio de las revistas y periódicos está reservado para avisos, en tanto que anualmente se producen unos 52.000 millones de unidades de diversos tipos de materiales de publicidad, incluyendo 14.000 millones de catálogos para compras por correo que a menudo van directo a la basura. Tal tipo de consumo excesivo de papel no es exclusivo de los Estados Unidos, sino que también es característico de la mayoría de los países del Norte e incluso se pretende exportar tal modelo hacia los países del Sur. El tema radica entonces en que el consumo actual de papel es ambientalmente insustentable y que gran parte del mismo es socialmente innecesario. Por lo tanto, ni los planes de uso de los bosques, ni los planes de expansión de las plantaciones forestales pueden pretender autojustificarse diciendo que “la humanidad” necesita más papel. Mentira 7: Las plantaciones son mucho más productivas que los bosques Este argumento puede parecer convincente si se observa el rápido crecimiento de los árboles en una plantación de pinos o eucaliptos. Sin embargo, depende de lo que se entienda por “productivo” y a quien beneficia esa producción. Una plantación comercial produce un gran volumen de madera para industria por hectárea y por año. Pero eso es todo lo que produce. El beneficiario directo de esa producción es la empresa propietaria de la plantación. Un bosque no sólo produce (como la plantación) madera para el mercado, sino que su producción abarca otros tipos de árboles, vegetales, animales, frutas, hongos, miel, forraje, abono, leña, maderas para usos locales, fibras vegetales, medicinas y genera además una serie de servicios en materia de conservación de suelos, de biodiversidad, de recursos hídricos, de microclima. Cuando se sostiene que las plantaciones son mucho más productivas que los bosques, sólo se está comparando el volumen de madera para industria que se puede extraer de ambos y en esa comparación la plantación aparece como superior. Sin embargo, cuando se compara la totalidad de bienes y servicios provistos por la plantación y el bosque, resulta evidente que este último es mucho más productivo que la plantación. Es más, en muchos aspectos la producción de la plantación es nula (por ejemplo en la producción de alimentos, medicinas o forraje) e incluso puede ser negativa, cuando afecta a otros recursos como el agua, la biodiversidad o el suelo. Lo anterior resulta particularmente claro para aquellas poblaciones locales que sufren los efectos de la implantación de extensos monocultivos forestales, puesto que sufren la pérdida de la mayor parte de los recursos que hasta entonces habían asegurado su supervivencia. Para ellos, la productividad de estas plantaciones es nula o más bien de signo negativo. Mentira 8: Las plantaciones generan empleo Este es también un argumento típico entre quienes promueven las plantaciones. Sin embargo, esta afirmación es totalmente falsa. Las grandes plantaciones generan empleos directos fundamentalmente en las etapas de plantación y de cosecha. Luego de la plantación, el empleo cae en forma sustancial. Al momento de la cosecha, la plantación requiere nuevamente de la contratación de mano de obra, pero el número de puestos de trabajo tiende a disminuir notoriamente por la creciente mecanización de esta operación. Los escasos empleos generados son en general de muy baja calidad, siendo en su mayoría de carácter temporal, con bajos salarios y en condiciones de trabajo caracterizadas por la mala alimentación, el alojamiento inadecuado y el no cumplimiento de la legislación laboral vigente. Los accidentes y las enfermedades laborales son frecuentes. El modelo predominante en el Sur, es que las empresas plantadoras subcontratan a empresas informales para la realización de las tareas de plantación y cosecha. Dado el escaso nivel de inversión requerido, la competencia entre dichas empresas informales se basa fundamentalmente en la baja en el costo de la mano de obra, lo que explica las pésimas condiciones salariales y laborales de los trabajadores forestales. Sólo en los casos en los que la cosecha se basa en moderna y costosa maquinaria forestal, tales tareas quedan en manos de la empresa plantadora, que se ve obligada a ofrecer mejores condiciones de trabajo. En muchos países tienden simultáneamente a privar a los previos ocupantes de la tierra de sus anteriores fuentes de trabajo. Es común que estas plantaciones se instalen en tierras destinadas a la agricultura de subsistencia por lo que incluso la tendencia del empleo neto es en muchos casos negativa. Por otro lado, cuando su instalación implica la previa destrucción del bosque, los pobladores locales se ven privados de una serie de ocupaciones y fuentes de ingreso dependientes de los recursos provistos por el bosque. En casi todos los casos, las plantaciones resultan en la expulsión de la población local, en particular hacia los cinturones de miseria de las ciudades. En todos lados del mundo se constata que las plantaciones generan mucho menos empleo que la agricultura e incluso menos que la ganadería extensiva. En cuanto al empleo industrial, las plantaciones no siempre dan lugar a la creación de industrias locales, dado que en muchos casos la producción apunta a la exportación directa de troncos sin procesar. Incluso cuando se establecen industrias de pulpa y papel, su alto grado de mecanización implica la creación de pocos puestos de trabajo. De todas las actividades capaces de generar empleo a nivel local, la actividad plantadora es probablemente la peor opción. El objetivo de las empresas forestales no consiste en generar empleos, sino en generar ganancias para sus accionistas. Sin embargo, utilizan este falso argumento para justificar socialmente su emprendimiento. Mentira 9: Los posibles impactos negativos de los monocultivos forestales industriales se pueden evitar o mitigar con un buen manejo En última instancia, los promotores de las plantaciones pueden aceptar que éstas no son bosques y que pueden acarrear impactos negativos, pero agregan que estos impactos se generan por un mal manejo y no por las plantaciones en si. La solución -afirman- es entonces técnica: aplicar buenos métodos de manejo. Sin embargo, no se trata de un tema técnico, sino de una cuestión esencialmente política, de poder, con beneficiarios y perjudicados. Desde los centros de poder se toman decisiones que afectan la vida y posibilidades de supervivencia de las poblaciones locales y condicionan fuertemente las decisiones de los gobiernos, con el objetivo de abastecer un mercado global con los productos madereros que éste requiere. Las necesidades y aspiraciones locales no cuentan. De aquí derivan los principales problemas que este tipo de plantaciones acarrean. Es obvio que esto no se puede resolver con ningún “buen manejo”. Es más, el buen manejo de las empresas plantadoras consiste primeramente en convencer al gobierno que les permita invertir en determinadas regiones del país, que les otorgue determinadas ventajas (subsidios directos e indirectos) y que intervenga -en caso necesario- para desalojar o reprimir a los pobladores locales. En un número importante de casos, las distintas formas de presión o represión constituyen la principal herramienta de “buen manejo” para resolver los conflictos sociales generados por las plantaciones. En lo referente a los impactos ambientales que las plantaciones comerciales generan, es también utópico pretender que se puedan resolver a través de un buen manejo técnico. Las propias características del modelo hacen que éste sea básicamente insustentable por más que se adopten prácticas conservacionistas o monitoreos destinados también en gran medida a mejorar la imagen de la empresa frente a los posibles opositores ambientalistas. En efecto, el modelo se caracteriza por: • la gran escala. No es lo mismo el impacto ambiental que puede generar un eucalipto o un pino que los que generan decenas o centenares de miles de hectáreas concentradas en determinada región de un país. La modificación del espacio geográfico es enorme. Para disimular este hecho, los promotores de las plantaciones insisten actualmente en utilizar porcentajes, diciendo que “sólo ocupan el 1 o el 2% del área total del país”. Sin embargo, no se puede tapar el sol con la mano. Lo cierto es que se trata de grandes concentraciones de monocultivos forestales y el único “buen manejo” posible es justamente reducir el tema a porcentajes. • el monocultivo de especies exóticas. Si bien es cierto que la mayoría de las especies agrícolas son exóticas, en el caso de las especies utilizadas en los cultivos forestales esto tiene fuertes implicancias negativas. La elección de estas especies se origina en parte en la inexistencia de plagas y enfermedades en los países en los que son introducidas, que pudieran afectarlas. Si bien esto es absolutamente lógico para el plantador, resulta un problema para la fauna local, para la que estas plantaciones constituyen un desierto alimenticio. Unido al tema de la gran escala, el impacto en particular sobre la fauna es por ende enorme. La biodiversidad a nivel del suelo es afectada gravemente debido a que los restos vegetales de los pinos y eucaliptos resultan tóxicos para gran parte de la flora y fauna del suelo. El sistema presenta además una gran debilidad intrínseca, ya que, en caso de aparecer una especie capaz de alimentarse de los árboles vivos, se transformará en una plaga que podrá poner en cuestión a todas las plantaciones similares de la región. • la rapidez de crecimiento. La lógica empresarial de estos emprendimientos hace que la rapidez de crecimiento sea crucial para asegurar la rentabilidad de la inversión. Tal crecimiento se basa en parte en la selección de especies, pero también en el uso de fertilizantes y herbicidas (que afectan al suelo y al agua), así como en un consumo enorme de agua, que afecta a la región en su conjunto. Como si fuera poco, la biotecnología forestal está también apuntando en ese sentido, creando “súper árboles” de crecimiento aún mayor y resistentes a los herbicidas, por lo que el impacto sería doble: mayor contaminación por uso de agroquímicos y mayor consumo de agua. • la corta en turnos cortos. La misma lógica determina que los árboles sean cortados cada pocos años, lo que implica una gran salida de nutrientes del sistema y procesos de erosión, así como la destrucción del hábitat de aquellas pocas especies locales que se estaban adaptando a la plantación. De todo lo anterior resulta claro que son pocas las medidas técnicas que se pueden adoptar para evitar o mitigar la mayor parte de los impactos ambientales generados por las plantaciones. Si bien se podrán mejorar algunos aspectos (utilizar agroquímicos menos nocivos, preparar el suelo siguiendo curvas de nivel, cuidar que no se produzcan procesos de erosión al momento de la corta, conservar áreas silvestres como parches en el paisaje, monitorear suelos, agua, flora y fauna, etc.), lo cierto es que resulta imposible evitar los impactos porque el propio modelo no lo permite: no se puede (desde el punto de vista de la rentabilidad) hacer que los árboles crezcan más lento, que consuman menos agua, que no requieran fertilizantes, que no afecten a los suelos, que no reduzcan la biodiversidad local. En síntesis, el problema es el modelo y no la adopción de medidas apropiadas de manejo. Mentira 10: Las plantaciones no pueden ser juzgadas en forma aislada Este es uno de los argumentos más recientes de los promotores de las plantaciones. Sostienen que hay un “sistema continuo” entre un bosque primario y un “bosque plantado” especializado en la producción de madera. Es decir, que habría un sistema, al que llaman “bosque”, que incluye bosques primarios protegidos, bosques de producción, bosques protectores, bosques secundarios y plantaciones de árboles de rápido crecimiento. Por lo tanto, dicen que hay que analizar ese sistema “bosque” en su totalidad y no centrarse en uno sólo de sus componentes: el monocultivo forestal a gran escala. El argumento es inteligente, pero no menos falso que los anteriores. En primer lugar, porque parte de la falsa premisa de que una plantación es un bosque. El tipo de plantaciones al que hacemos referencia constituye un cultivo especializado en la producción de grandes volúmenes de madera en plazos cortos, cuya única similitud con un bosque consiste en estar constituido por árboles, que ni siquiera son nativos. Por lo tanto, no puede hablarse de un “sistema continuo” entre elementos intrínsecamente diferentes. Sería como decir que la fauna nativa y la cría de vacas lecheras constituyen un sistema continuo entre lo natural y lo especializado en la producción de leche y que no es posible juzgar aisladamente los impactos de la ganadería lechera sin analizarlos en ese contexto. En segundo lugar, porque en general las plantaciones comerciales no sólo no complementan a los bosques, sino que en muchos casos se constituyen en causas directas o indirectas de deforestación. Lo mismo se puede decir con respecto a como afectan la biodiversidad, el suelo, el agua y en particular a las poblaciones locales. En definitiva, este razonamiento pretende justificar la destrucción de la naturaleza en determinada área argumentando que su conservación se asegura en otra área. Al incluir las plantaciones en ese supuesto sistema “bosque”, se esconde y justifica la destrucción social y ambiental generada a partir de los monocultivos forestales a gran escala. Frente a los impactos sobre la biodiversidad, la respuesta de los ideólogos de esta mentira consistirá en decir que ésta se asegura por la existencia de áreas protegidas … aunque estén separadas por cientos de kilómetros. Lo mismo dirán con respecto al régimen hidrológico ... aunque las plantaciones y el bosque estén en cuencas diferentes. No hablarán del tema suelo … donde no tienen argumentos y apelarán al argumento de la generación de empleo (Mentira 8) para esconder los impactos sociales de las plantaciones, que también muestran la diferencia entre un bosque (donde vive gente) y una plantación (donde la gente es expulsada). El tema de fondo es que este argumento pretende justificar una lógica que divorcia la producción de la conservación; es más, que utiliza la conservación como excusa para habilitar la destrucción. La existencia de áreas protegidas de bosques (que efectivamente protegen el suelo, la flora, la fauna y regulan el ciclo hidrológico) se constituye en el justificativo para implementar grandes monocultivos (en este caso, de árboles) que destruyen todos los recursos naturales y los derechos y medios de supervivencia de las poblaciones locales. Dado que la única forma de asegurar la sustentabilidad social y ambiental consiste en incorporar la conservación a los procesos productivos (y no en separarlos en compartimientos estancos), estos monocultivos de árboles no pueden de ninguna manera ser considerados como integrando el sistema bosque y, por consiguiente, sus impactos deben ser analizados por separado, como se hace con cualquier otro cultivo agrícola. "La evidencia científica acumulada en los últimos 30 años demuestra que las alteraciones en los niveles de esteroides en peces expuestos a efluentes de plantas de celulosa desencadenan efectos en el sistema reproductivo que repercuten en los niveles individual y poblacional." (Fragmento)
Artículo publicado en Ecología Austral, diciembre de 2008. Autores: Alice Altesor (1), Gabriela Eguren (2), Néstor Mazzeo (1), Daniel Panario (2) y Claudia Rodríguez (1) (ex AEQUO) (1) Departamento de Ecología y (2) Unidad de Ciencias de la Epigénesis, Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay. RESUMEN. El patrón de crecimiento de la industria de la pulpa y del papel, así como del modelo forestal asociado, revela una tendencia creciente a expandirse en países de Asia, África y América del Sur. En este escenario es necesario incorporar la perspectiva ambiental en la conciencia social para que las decisiones de uso y manejo de los recursos naturales no sean tomadas siguiendo sólo la lógica del mercado, por lo cual el concepto de servicios ecosistémicos es una ayuda valiosa para el análisis de los conflictos ambientales. Este artículo analiza las evidencias de los impactos puntuales que producen los efluentes industriales derivados del funcionamiento de las plantas de celulosa. Estos efluentes presentan una considerable complejidad por la cantidad de compuestos químicos que contienen, algunos no identificados al día de hoy. Sus efectos dependen del sitio en el que ocurren, de las características físico-químicas del cuerpo receptor, de su caudal, del tipo de madera, del proceso industrial y del tratamiento de efluentes empleado y de la sensibilidad de las especies presentes en el ecosistema. Sin embargo, existen numerosos estudios ecotoxicológicos y sobre la eutrofización de cuerpos de agua que demuestran que algunos de los potenciales efectos ocurren en regiones diferentes y distantes e independientemente del tipo específico de proceso industrial empleado. Los efectos derivados de la exposición a disruptores endócrinos cuentan con abundantes evidencias de laboratorio y de campo que han permitido establecer sus mecanismos de acción. Además, si bien la incorporación de nuevas fases (e.g., la fase secundaria) a los sistemas de tratamiento de efluentes industriales mitiga los efectos agudos, no mitiga las respuestas crónicas registradas. En función de los efectos conocidos se consideran las posibles consecuencias sobre las funciones ecosistémicas, y cuáles son los principales desafíos de América Latina para planificar esta actividad productiva. Los grados elevados de incertidumbre asociados, el carácter complejo de las respuestas de los sistemas frente a las perturbaciones o al estrés, y los vacíos de información limitan nuestra capacidad para enfrentar los problemas ambientales. El análisis y el aporte académico libre de conflictos de intereses deben contribuir a la toma de decisiones y a que la sociedad construya una opinión fundamentada. Ecología Austral es la revista científica de la Asociación Argentina de Ecología. Recibe contribuciones de los distintos campos de la Ecología y las Ciencias del Ambiente, en idioma español e inglés. Sus artículos incluyen trabajos originales de investigación y de revisión, notas de debate y ayudas didácticas, sometidos en todos los casos a la evaluación por pares. Las contribuciones se publican de forma abierta y continua en línea, y se ordenan en tres números anuales. (Descargar el artículo: http://www.ecologiaaustral.com.ar/files/18-3-4.pdf) fraude. (Del lat. fraus, fraudis). 1. m. Acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete. 2. m. Acto tendente a eludir una disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros. 3. m. Der. Delito que comete el encargado de vigilar la ejecución de contratos públicos, o de algunos privados, confabulándose con la representación de los intereses opuestos. PRESENTACIÓN
La complejidad y la amplitud de los problemas planteados por la implantación en el Uruguay de monocultivos de árboles en gran escala y la instalación de grandes plantas de producción de celulosa, así como las dificultades para realizar en la sociedad un debate serio y abierto en torno a estos temas, nos han llevado a intentar este nuevo aporte a la discusión. Hemos organizado en forma cronológica una exposición de nuestras investigaciones sobre las diferentes facetas de este tema. Más allá de nuestro punto de vista, que no se esconde, presentamos las opiniones de varios actores afectados, sobre todo las de los que han sido menospreciados por las autoridades, las empresas y los medios a su servicio. En efecto, hasta 2005 habían sido soslayados sistemáticamente por el gobierno los distintos llamados de atención y las evidencias de los efectos de este modelo productivo, pero desde ahí en adelante, cuando el gobierno del Frente Amplio refrendó el camino iniciado por sus antecesores, todo el aparato oficial y oficioso se dedicó a ahogar la disidencia. El hilo conductor de este proceso es una sucesión de fraudes. El primer fraude es la propia ley Forestal, aprobada en 1987 e implementada por los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle, que justificó el uso de suelos “inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso”, algo muy lejos de lo hecho realmente. Fraude al no asumir que se estaba introduciendo un nuevo modelo productivo en el campo uruguayo y al no investigar y tomar las medidas necesarias cuando comenzaron a sentirse los primeros efectos: concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, expulsión de la familia rural, reducción de las fuentes de agua, aumento de plagas, etc. Fraude de las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas forestales y productoras de celulosa, que no brindan las informaciones apropiadas e ignoran los estudios existentes sobre los impactos de sus actividades. Y fraude de las autoridades ambientales nacionales que deberían obligarlas a rectificarse y a cumplir las disposiciones legales vigentes. Fraude de las evaluaciones de impacto ambiental y social de instituciones financieras como el BID y el Banco Mundial, que utilizan sus principios de sustentabilidad y de participación social, e incluso sus instancias de consulta con los sectores afectados, sólo como fachada para proseguir sus políticas tradicionales de apoyo a los proyectos del gran capital. Fraude político del gobierno de Tabaré Vázquez, electo por su oposición a las políticas de los gobiernos anteriores, en particular a la política forestal y a la autorización de plantas de celulosa, que no sólo las mantuvo sino que las profundizó. Un gobierno que se autodefine como progresista y estigmatiza a los movimientos sociales que se le oponen. Fraude, por fin, al desviar la atención y evitar la discusión de las cuestiones principales en juego mediante la exacerbación nacionalista en el diferendo con Argentina y, sobre todo, con la población de Gualeguaychú por el uso compartido del río Uruguay. Si se evalúan las consecuencias de estos hechos, se puede hablar de irresponsabilidad política. Víctor L. Bacchetta Doble Clic Editoras Montevideo, setiembre de 2008. INTRODUCCIÓN ¿De qué estamos hablando? El papel, a pesar de haber sido inventado como un instrumento para la comunicación entre las personas, más de la mitad del papel producido en el mundo actual tiene otros fines. En la industria de la madera, la de papel y cartón es la de mayor crecimiento, pero además de la producción tradicional destinada a periódicos, libros, revistas y papel para escribir e imprimir, el crecimiento acelerado del consumo surge de un nuevo tipo de materiales comerciales y publicitarios de grandes tiendas y supermercados –el llamado “correo chatarra”– y de papeles para usos en el hogar y sanitarios promovidos en las últimas décadas. Para colmo, la aparición más reciente de las computadoras y otros equipos electrónicos aumentó la demanda en vez de reducirla. La “oficina sin papel” sigue siendo un sueño lejano. Papel y otros derivados de la celulosa De acuerdo con las estadísticas de la FAO, el consumo de papel en el planeta se quintuplicó en los últimos 50 años. A comienzos del siglo XXI el consumo mundial de papel se calculaba en 300 millones de toneladas anuales, en 2005 esa cifra había crecido a 366 y se estima que para el año 2020 llegará a los 566 millones de toneladas anuales. Según la misma fuente, un 41% de la producción global es utilizado en periódicos, otros impresos y para escribir, mientras que el 59% se destina a otros papeles y cartones. Los países más industrializados consumen 87% del papel y 76% de la madera procesada en el mundo. Por persona y por año, en Francia se consumen 190 Kg. de papel y cartón, en los Estados Unidos de Norteamérica esa cifra se eleva a 297 Kg. y en Finlandia a 324 kg. En Uruguay se consumen unos 36 Kg. y en China e India menos de 11 kg. Los estudios de las Naciones Unidas consideran que se requieren de 30 a 40 kilos de papel por persona y por año para satisfacer las necesidades básicas de alfabetización y de comunicación de los seres humanos. Resulta así que la mayor parte del consumo de papel en los países ricos no está dirigida a atender necesidades fundamentales, sino nuevas formas de consumo superfluo que dan grandes ganancias a la industria de la celulosa y que son grandes generadoras de basura. El embalaje, envases y otros artículos de papel rápidamente descartables representan actualmente un 40% de los residuos sólidos en muchos países industrializados. Es perfectamente posible reducir esa espiral de consumo artificial y de basura sin afectar las aplicaciones útiles del papel. Además para esa producción necesaria y sustentable, existen procesos menos depredadores – en primer lugar, el reciclaje– y tecnologías más limpias y seguras, incluso algunas libres totalmente del cloro y sus derivados. ¿Por qué no se adoptan las tecnologías ambientalmente limpias? Porque agregan costos y estos disminuyen la rentabilidad de la industria. O sea que las empresas, y los gobiernos que lo toleran, cargan los costos ambientales de la celulosa a la sociedad. Celulosa y plantaciones, tierra y agua La producción mundial de celulosa en 1994 fue de 171,5 millones de toneladas y en el año 2005 se elevó a 192 millones de toneladas. De 130 millones de hectáreas forestadas existentes en el mundo en 2004, las plantaciones de especies de rápido crecimiento destinadas a la celulosa ocupaban unos 13 millones de hectáreas, con rendimientos superiores a 15 metros cúbicos de madera por hectárea cada año. Cerca de 80% de estas plantaciones se encontraba en América del Sur y Asia. Para producir un millón de toneladas anuales de celulosa –la capacidad de las plantas que se están instalando en el Cono Sur y en Uruguay– se necesitan unas 200.000 hectáreas de plantaciones de especies de árboles de rápido crecimiento. Desde 2000 en adelante, estas plantaciones vienen creciendo a razón de un millón de hectáreas por año. La fabricación de celulosa utiliza mayor cantidad de agua que cualquier otra industria. Para producir un millón de toneladas anuales, Botnia necesita 85.700 metros cúbicos diarios de agua del río Uruguay, que representan más de 31 millones de metros cúbicos de agua al año. O sea que una tonelada de celulosa consume 31 toneladas de agua. A la vez, Botnia descarga por día en el río Uruguay 71.500 metros cúbicos de efluentes con desechos del proceso industrial. Si estos efluentes fueran tan limpios como dicen, ¿por qué no los reutiliza en un ciclo cerrado, sin necesidad de extraer agua todos los días? Botnia no paga nada por el agua que extrae del río ni por devolverla contaminada. Expansión hacia el Sur y concentración Las mismas razones que llevan a la industria a trasladar hacia el Sur las plantaciones de árboles, la impulsan a construir aquí las fábricas de celulosa. El bajo costo de la tierra, en grandes extensiones contiguas, constituye una ventaja, no sólo para los plantadores, sino también para los fabricantes, dado que las fábricas de celulosa de última generación son enormes y su localización económicamente ideal es en el centro de grandes y compactas áreas productoras de materia prima. Los bajos costos de mano de obra también son atractivos para estas empresas, al igual que el afán de muchos gobiernos del Sur de atraer la inversión, que redunda en normativas ambientales menos exigentes. América del Sur es actualmente una de las regiones preferidas para la instalación de nuevas fábricas y para la expansión de la capacidad de las plantas existentes. La evolución de la industria de la celulosa en Europa muestra una tendencia a reducir el número de plantas. En 2004 la planta promedio en Europa producía unas 200.000 toneladas al año, mientras en América del Sur se empezaron a construir plantas de un millón de toneladas. En 2006, las 10 compañías líderes reunían el 67,6% de las ganancias totales de las 100 empresas papeleras más grandes del mundo. La concentración progresiva de las grandes industrias tiene por objetivo obtener mayores ganancias por tonelada. El principal destino de la pulpa que se comercializa en el mercado es Europa Occidental (a excepción de los Países Escandinavos), que recibe el 38% del total de las exportaciones. El segundo mercado es Estados Unidos con el 19%, seguido por Japón (8%), mientras que los países de Asia y África adquieren el 20% de la producción mundial. China se encuentra hoy entre los destinatarios internacionales de mayor crecimiento. * * * * * Algunos piensan que no nos interesa qué hacen con la celulosa en otros países ni cuánto ganan estas empresas. Nuestro interés estaría solo en lo que deja para el país, sobre todo en trabajo. Si bien, en realidad, no podemos prescindir de lo que ocurre en el resto del planeta, las próximas páginas analizarán precisamente qué ganará Uruguay con esta opción productiva. En definitiva, ¿cuáles son sus efectos sobre las condiciones del país y la calidad de vida de su gente? CONTENIDO Capítulo 1 - Antecedentes y marco internacional La industria del cloro se muda hacia el Sur Participación social, un dilema de la izquierda Comunidades en defensa de su forma de vida Max-Neef: El poder de una nube de mosquitos IIRSA: La integración regional hacia afuera Un puerto de aguas profundas en Uruguay Por los territorios de Stora Enso en Brasil Las ventajas competitivas de venir al Sur Capítulo 2 - Los impactos de la forestación Pueblos de campaña acorralados Cambio de cultura, sin aviso previo Las plantaciones no son bosques La salida de Ence de Fray Bentos Política forestal: Una lavada de cara Granjeros de Colonia frente a Ence Uruguay no se parece a Finlandia El discurso y la evidencia científica Capítulo 3 - Lidiando con plantas de celulosa Alicia Torres: Corriendo contra reloj Ignacio Stolkin: Mucho más que un riesgo Enrique Viana: La ley es la trampa Río Uruguay: Las aguas bajan turbias Ence en Colonia, los mismos problemas Botnia admitió un ajuste tecnológico Audiencia pública: El derecho al pataleo Capítulo 4 - El conflicto fronterizo Diplomacia en “estado de distracción” Daneri: La piedra argentina en el zapato Conflictos ambientales de nuevo tipo La ombudsman reconoció carencias El pobre diálogo Kirchner-Vázquez Estrategia de comunicación de Botnia Otra fórmula que cayó en el vacío “Bailando por… una inversión” Capítulo 5 - De la discusión pública Botnia intenta desvirtuar el debate Del frigorífico Anglo a Botnia y Ence Carta abierta del Intendente de Río Negro Respuesta al Intendente de Río Negro Toma la posta Anastasía por Lafluf Respuesta a la nota de Anastasía Unos debates de ciencia-ficción Para distinguir entre ciencia y política Capítulo 6 - Balance y perspectivas Sustentabilidad ambiental ¿tercero en el mundo? Gobierno y ambiente, una relación difícil Panario, Altesor, Cayssials: Hacer una evaluación María Selva Ortiz: Estrategia de país equivocada Fernando López: La crisis del productor familiar Gonzalo Abella: Unir ciencia y cultura ancestral Adriana Marquisio: Agua y soberanía nacional Ricardo Carrere: Un modelo calcado país a país A modo de conclusión [Texto completo en: http://libroelfraudelacelulosa.blogspot.com.uy/] En Uruguay hemos ingresado al siglo XXI siendo testigos de una transformación paisajística que se extiende en todas direcciones. Plantaciones de eucaliptos y pinos parecen invadir toda clase de tierras. Esa transformación paisajística tiene incidencia directa en distintos aspectos sociales. Asociación de Inspectores de Trabajo del Uruguay (AITU), 26/9/2007 (*) La llegada de capitales invertidos en emprendimientos forestales (fundamentalmente extranjeros) y la inmediata implantación de monocultivos, constituyó la génesis de una nueva pirámide de categorías sociales y laborales. Contratistas, subcontratistas y una amplia base de trabajadores forestales, que desde la etapa de combate de hormigas e invernáculos hasta la cosecha de la madera, han intervenido soñando un futuro mejor. Rápidamente, las instalaciones de campo, galpones, potreros o viejos vehículos abandonados se transforman en improvisadas “pensiones”. Y en los sitios donde la infraestructura simplemente no existe, precarias carpas o refugios construidos con ramas o nylon, que se confunden con corrales de animales, se convierten en hogar de la cuadrilla. Para muchos trabajadores, la actividad forestal implicó el hacinamiento, la promiscuidad, la degradación de las condiciones de trabajo, y pasó a constituir la cualidad más destacada y difundida de una actividad que a todas luces prometió bienestar económico y prosperidad para amplios sectores. Simultáneamente, se incorporaron otra serie de situaciones que terminaron de conformar un panorama laboral nada alentador: la ocurrencia de graves accidentes laborales, la aparición de enfermedades vinculadas a la deficiente alimentación o falta de higiene, bajos salarios o jornales nunca abonados, el abigeato y el mate como única forma de sobrevivir. El Estado a través de su organismo competente no ha instrumentado un plan de fiscalización en la materia. El argumento esgrimido es la ausencia de denuncias por parte de los trabajadores. Sin embargo, la tónica de la política aplicada es justamente intervenir lo menos posible; así lo ponen de manifiesto las propias cifras oficiales. A la ausencia de políticas de contralor, el obstáculo más destacado está representado por la absoluta carencia de vehículos (4×4) que permita a los inspectores acceder a los distintos frentes de trabajo, situación ésta que viene presentándose desde hace años. El descenso del número de inspecciones laborales realizadas a los campos forestales no está en relación con el constante incremento de la superficie plantada y el del volumen de madera obtenida. El sometimiento a las peores formas de trabajo que sufre parte de la población trabajadora en el sector no ha generado un incremento de denuncias a la autoridad competente. El número de denuncias al respecto han sido escasas. Esta situación responde a varias razones. Una de ellas es el desconocimiento que se tiene respecto a los derechos laborales que protegen al trabajador como parte más débil de una relación laboral. Otro motivo, y quizás el más importante, responde al temor del trabajador a ser identificado como auspiciante de la denuncia y por consecuencia perder así toda posibilidad de obtener una nueva oportunidad de trabajo. Miles de trabajadores son trasladados diariamente desde ciudades como Rivera y Tranqueras, a distintos frentes de trabajo. Otros trabajadores migran a pueblos y parajes como Perseverano, Castillos, Greco, Punta del Chileno, Aguas Blancas, Villa del Carmen, Piedra Colorada, entre tantos otros lugares, buscando una oportunidad laboral, sin importar las condiciones de trabajo que le impongan. Muchos de ellos permanecerán a la intemperie o en precarios refugios varios días o semanas, con la esperanza de que la tarea realizada le reporte algún ingreso y así poder retornar a su tierra. Paso de La Cruz es un pueblo que abandonó la tradición de trabajo ganadero y plantaciones citrícolas, volcándole casi en su totalidad a las faenas forestales. Está ubicado en el Departamento de Río Negro, a kilómetros de la ruta Nacional Nro. 25. Sobre un camino de balasto se extiende un conjunto de casas que albergan una población estable de 400 vecinos (aproximadamente). El pueblo cuenta con algunos almacenes, un salón comunal de uso múltiple, un destacamento policial y un médico que visita la zona con cierta frecuencia. La comunicación vía teléfono celular constituye casi un acto de suerte. Recorriendo la calle principal, se observan en los patios de las casas las motosierras, cascos forestales y otros elementos que revelan sin equívocos la actividad que realizan los pobladores. Durante el día, decenas de camiones forestales sacan y transportan la madera cosechada; y alguna maquinaria pesada de la Intendencia Municipal intenta mantener habilitada la única vía de tránsito. Las empresas forestales del lugar han prohibido el pernocte de las cuadrillas en los predios. Es por eso que más de 200 trabajadores en época de zafra recorren muchos kilómetros para instalar sus campamentos en el pueblo. Algunos logran arrendar casas abandonadas, y los más se ubican en espacios verdes, predios vacíos o a la vera del camino. Durante la noche, los fogones de ruedas de mate constituyen el único elemento que ilumina la calle. Si bien algunos pobladores consultados concuerdan en indicar como aspecto positivo que no existe desocupación en el lugar, no ocultan su malestar y preocupación respecto a las situaciones vinculadas al alcoholismo, prostitución, abigeato, problemas vinculados al incumplimiento de compromisos salariales y pago de jornales a través de bonos que solo son canjeables en determinados almacenes. El destacamento policial se ve desbordado por la cantidad de intervenciones y la complejidad de las situaciones sociales planteadas. Preocupados por la situación que parece imponerse en el lugar, la denuncia fue planteada en el seno de la Junta Departamental. Por el momento parece ser que en lo social todavía resta mucho por resolver. Suscribiendo y subrayando lo que establece la OIT (Organización Internacional del Trabajo), no es suficiente crear nuevos empleos: es necesario crear puestos de trabajo de calidad. (*) “Por un trabajo con Derechos”, [email protected] – http://www.aitu.org/ Publicado en el Boletín Nº 122 (setiembre de 2007) del Movimiento Mundial por los Bosques http://www.wrm.org.uy/ Un análisis a partir del desarrollo de las plantaciones forestales en Uruguay CARLOS PEREZ ARRARTE Montevideo, febrero de 2007. © GRUPO GUAYUBIRA ACERCA DE ESTE LIBRO
Durante años el Grupo Guayubira ha venido denunciando los impactos de los monocultivos de pinos y eucaliptos sobre el agua, aportando evidencias concretas al respecto, tanto en el ámbito nacional como internacional. Frente a dicha evidencia, la reacción del Estado y del sector forestal consistió en descartarla bajo el pretexto de que no estaba basada en estudios “científicos”. Sin embargo, y pese a los desmentidos oficiales, el avance forestal continuó impactando sobre el agua y la voz “no científica” de los afectados se hizo oír cada vez más fuerte. En ese contexto, Guayubira decidió abordar la tarea de reunir la evidencia –científica y no científica– disponible en el país sobre el tema. La misma fue encomendada a Carlos Perez Arrarte, investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR) quien a fines de los años 1980 coordinó la investigación “Desarrollo Forestal y Medio Ambiente en Uruguay” y que desde entonces siguió muy de cerca el avance de las plantaciones de árboles y sus impactos. De la lectura del presente trabajo no queda duda alguna de que los monocultivos forestales de rápido crecimiento impactan sobre el agua. Esperamos que la evidencia aquí reunida, presentada de manera comprensible para toda persona interesada en el tema, sirva para ilustrar el necesario debate nacional sobre un tema tan controvertido como éste. INTRODUCCIÓN Los árboles del género Eucalyptus vienen siendo cultivados en Uruguay desde fines del siglo XIX, constituyendo un componente característico del paisaje agrario y urbano del país. En diciembre de 1987 una nueva Ley Forestal –Nº 15.939– inició el proyecto de plantaciones forestales que está en curso, al que se refiere este trabajo. En los años previos se habían realizado plantaciones de cierta escala, con el objetivo principal de proporcionar energía para uso industrial, pero es a partir del nuevo marco legal que la expansión de las plantaciones forestales monoespecíficas adquiere dimensiones extraordinarias en relación a la historia nacional. El propósito de este trabajo es analizar las relaciones entre las plantaciones forestales a gran escala y las modificaciones en el ciclo del agua, y señalar sus impactos e implicaciones en la sociedad y la economía. El trabajo tiene un enfoque y una finalidad de divulgación para un público amplio, y toma como referencia un período que comprende los 20 años siguientes a la promulgación de la ley. Plantaciones forestales en gran escala en la pradera nativa, son una novedad en la historia evolutiva de la humanidad. El proceso tradicional de ocupación de tierras por el hombre fue de carácter inverso, ocurrió basado en la deforestación de montes nativos del viejo mundo, como fuente de energía, para usos agrícolas y cría de ganado. Proceso que aún hoy se continúa en la frontera de las selvas tropicales, notablemente en los bordes amazónicos de nuestro continente. Lo nuevo de este fenómeno, que ha ocurrido principalmente en Sudáfrica y América Latina en los últimos 30 años, resultó en la existencia de un reducido conocimiento de los procesos biofísicos básicos, y de los impactos sociales y económicos asociados. Los pastizales o praderas naturales se asimilaron al personaje de la cenicienta en los estudios y prioridades del ambiente académico especializado en la investigación de los biomas. Nuestra cultura –tributaria del primer mundo– importó la primacía del árbol y del bosque asociado al concepto natural, y ha desconocido los valores de la pradera, ambientales y sociales, a pesar de que Uruguay durante 4 siglos construyó su economía sobre los recursos naturales de la pradera. Desde la perspectiva de los recursos naturales, la historia agronómica del Uruguay ha estado dominada por los recursos del suelo. Otros componentes del ecosistema, el agua, la atmósfera, la biodiversidad de la vegetación y la fauna nativa, fueron temas relegados por la academia y la política. Concordantemente, todos los esfuerzos históricos de ordenamiento territorial de las plantaciones forestales se han derivado de la definición de la aptitud y prioridad de uso de grupos de suelos. Se dedica un primer capítulo a repasar conceptos básicos del ciclo hidrológico y las especificidades de la pradera nativa. Se revisa posteriormente el ciclo hidrológico en las plantaciones forestales, incluyendo un conjunto de trabajos nacionales pioneros de investigación y consultoría, basados en antecedentes bibliográficos mundiales y datos empíricos de nuestros recursos naturales; posteriormente, han surgido trabajos que aportan información experimental original de terreno, del país y de regiones similares, comparando el comportamiento de componentes del ciclo hidrológico bajo diferentes usos del suelo. Las nuevas preocupaciones por el cambio climático global, la emisión de gases de efecto invernadero, el ciclo del carbono, están delineando un marco de revalorización académica del bioma de pastizales, que ha llevado a producir una nueva generación de investigaciones de gran alcance. Aunque la población rural tenía preconceptos sobre el cultivo de las plantaciones de eucaliptos y de ciertos impactos ambientales, solo aflorarán cuestionamientos y reclamos en la medida que se aprecian impactos directos en temas cruciales, como el abastecimiento de agua a los establecimientos rurales, o la competencia con otros cultivos y actividades que dependen de ese recurso. Pronto se agregaron otros protagonistas interesados en aspectos vinculados al nuevo carácter de las plantaciones –la presencia de la inversión extranjera directa y la reestructura de la empresa rural, la escala y dimensión de los macizos forestados, las perspectivas de ocupación de grandes territorios, el desplazamiento de productores rurales y otras actividades productivas, la revalorización del acceso al agua como un derecho humano. Así, ha surgido un movimiento ciudadano y de organizaciones no gubernamentales que trabajan para informar y cuestionar lo que consideran un desarrollo insustentable. Carlos Pérez Arrarte ÍNDICE Introducción El ciclo hidrológico en la pradera A. El movimiento permanente B. Conceptos básicos C. El ciclo hidrológico en la pradera El agua en las plantaciones forestales A. Modificaciones en el ciclo hidrológico en relación al bioma de pasturas B. Las investigaciones y advertencias iniciales C. Avances en la investigación nacional del ciclo hidrológico en las plantaciones forestales -Comentario de los resultados de la investigación nacional reciente D. Nuevas evidencias de las modificaciones derivadas de las plantaciones forestales Implicaciones económicas y sociales de las alteraciones en el ciclo del agua inducidas por las plantaciones forestales Repercusiones en la sociedad A. El conocimiento tradicional B. Acciones desde la sociedad civil C. Las nuevas dimensiones de los conflictos por el agua Conclusiones Anexo I. Precipitaciones en Uruguay. Anexo II. Planteo realizado por Grupo Guayubira al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Apéndice. Algunas observaciones sobre el contenido de la publicación “La forestación con eucaliptus en Uruguay: sus impactos sobre los recursos naturales y el ambiente”. INIA, Serie Técnica No.88, agosto 1997. Anexo III. Represamientos de agua en la cuenca del Río Negro. Índice de Cuadros Cuadro 1. Principales cuencas hidrológicas. Cuadro 2. Relaciones lluvia escurrimiento (Valores del coeficiente C). Cuadro 3. Agua en el suelo en dos microcuencas. Cuadro 4. Uso del agua de escurrimiento. Cuadro 5. Plantaciones forestales en la cuenca del Río Negro (año 2000). Índice de Figuras Figura 1. Reservorios de agua en la naturaleza y sus relaciones. Figura 2. Destino de las precipitaciones pluviales. Figura 3. Agua disponible en los suelos de Uruguay. Figura 4. Distritos de Manejo y Conservación de suelos y aguas según el Plan Nacional de Lucha contra la Desertificación. Figura 5. Representación esquemática de los componentes del balance hídrico del suelo, en una plantación de Eucalipto Grandis de cinco años de edad, comparado con la vegetación natural del Cerrado. Estado Minas Gerais, Brasil. Figura 6. Distribución de los suelos de prioridad forestal en las cuencas Hidrológicas. Figura 7. Principales zonas agropecuarias. Índice de Recuadros Recuadro 1. El bioma de pradera. Recuadro 2. Reclamos de productores rurales y pobladores por afectaciones de abastecimiento de aguas, imputados a las plantaciones forestales, que han sido difundidas por los medios de comunicación. Recuadro 3. Artículo 47 de la Constitución de la República (Reformado en 2004). El libro en formato PDF: http://www.guayubira.org.uy/plantaciones/cicloagua.pdf SÍNTESIS DE LOS EFECTOS AMBIENTALES DE LAS PLANTAS DE CELULOSA Y DEL MODELO FORESTAL EN URUGUAY6/14/2006 Informe solicitado por el Consejo de la Facultad de Ciencias (Resolución Nº 78 del 13/03/06) al siguiente grupo de docentes: Daniel Panario, Nestor Mazzeo y Gabriela Eguren (Maestría en Ciencias Ambientales), Claudia Rodríguez y Alice Altesor (Depto. de Ecología), Ricardo Cayssials y Marcel Achkar (Departamento de Geografía). Junio de 2006. Introducción El emplazamiento de las plantas de celulosa en el litoral del Río Uruguay y el desarrollo forestal asociado a las mismas es un problema que abarca múltiples dimensiones: social, económica, política y ambiental. La percepción de los inconvenientes y las bondades de un modelo de desarrollo como el modelo forestal varía según los grupos sociales o de interés que se consideren. La tarea del sistema científico es proporcionar evidencias y análisis que permitan hacer más racional el debate y brindar elementos para la toma de decisiones por parte de la sociedad en su conjunto. Esta comisión ha elaborado un informe sobre la base del marco conceptual de los bienes y servicios ecosistémicos (Constanza et al., 1997, Scheffer et al., 2000, 2003). Según este concepto los ecosistemas proveen bienes y servicios sin valor de mercado (purificación de aguas, reciclado de nutrientes, biodiversidad, oxigenación del aire, recreación, etc.) y otros con valor de mercado (turismo, producción de granos, carne, etc.). Los primeros en general son de apropiación colectiva y los segundos son de apropiación privada. Hace unos años científicos de distintas disciplinas y países hicieron el ejercicio de estimar el valor global de los servicios sin precio de mercado (Costanza et al., 1997). El resultado mostró que si hubiera que pagar por los servicios ecosistémicos, para mantener el actual nivel de producción el producto bruto mundial debería multiplicarse por 3. De hecho algunos de estos servicios son de tal trascendencia que se está haciendo un esfuerzo global por generar mercados para ellos. Es el caso del secuestro de carbono atmosférico. La asignación de un precio a estos servicios o bienes es una cuestión que trasciende lo técnico y depende de cuestiones ideológicas y de los intereses particulares y colectivos de los grupos involucrados. En esto no difiere de otros bienes y servicios que consumimos a diario (Paruelo et al. en prensa). Las actividades humanas transforman el ecosistema, modificando su estructura y su funcionamiento y, como consecuencia, se altera su capacidad de proveer servicios y bienes. Scheffer et al. (2000) señalan que el conocimiento de las respuestas de los ecosistemas a las diferentes actividades humanas así como el listado, lo más amplio y confiable posible, de los bienes y servicios ecosistémicos brindados, es imprescindible para dirimir los conflictos ambientales. Estos conflictos se plantean en cuanto a qué bienes y servicios producir, y a cómo se distribuyen sus beneficios y sus costos entre los miembros de la sociedad (Paruelo et al., 2005, Sejenovich & Panario, 1998; Scheffer et al., 2000). En muchas ocasiones surgen a partir de decisiones tomadas por grupos pequeños que impactan en la calidad de vida de la mayoría de la sociedad y donde el criterio usado para dirimirlo es exclusivamente el de maximizar el beneficio económico. En el caso particular de la expansión de la forestación en Uruguay, la plantación de eucaliptos está motivada fundamentalmente por el interés privado en producir un bien con una elevada rentabilidad de la inversión. Para maximizar la producción de este bien (madera, pasta de celulosa) el ecosistema original (campo natural) se transforma y disminuye su capacidad de proveer otros servicios y bienes. Varios de estos servicios y bienes que dejarían de producirse tienen a su vez mercado y su renta es de apropiación privada, tales como el turismo, la producción de granos, de carne, de leche, agua para riego. En otros casos la apropiación de los beneficios es pública, como por ejemplo la regulación de la concentración de gases atmosféricos, el ciclado de nutrientes, el procesamiento de residuos, el mantenimiento de la biodiversidad, la recreación y la regulación hídrica. Este mismo marco puede aplicarse para analizar la instalación de las plantas de celulosa y sus efectos sobre el curso del Río Uruguay. En este ecosistema también podemos identificar bienes y servicios con valor de mercado como es el caso de la pesca artesanal, pesca deportiva, el suministro de agua potable, generación de energía, turismo, provisión de agua para uso industrial, entre otras. La instalación de las plantas podría afectar, por ejemplo, la pesca artesanal que tiene una intensa actividad en la zona (49 embarcaciones registradas según Datos de la Prefectura del Puerto de Fray Bentos). Más de 250 personas subsisten a expensas de esta actividad en las cercanías de la ciudad de Fray Bentos. Otros procesos como el mantenimiento de la biodiversidad, del ciclo hidrológico y ciclado de nutrientes proveen bienes sin valor de mercado pero no menos importantes que los anteriores y habría que analizar cómo se verían modificados a partir de la instalación y funcionamiento de las plantas. En particular, en cuanto a la biodiversidad, existen estudios que indican que en esta zona se reproducen y crían varias especies de peces de las 150 reportadas para el río Uruguay (Loureiro, com.pers.). La identificación y cuantificación de los servicios y bienes que proveen los ecosistemas es un tema eminentemente técnico, y es responsabilidad de los científicos poner a disposición de la sociedad dicha información. Así también, la identificación de los actores sociales que se apropian de los beneficios económicos derivados de dichos bienes y aquellos que pagan los costos derivados de las pérdidas de servicios ecosistémicos. La cuantificación de dichos costos y/o beneficios son aspectos que deberían exponerse con claridad. En la Fig. 1 se presenta una matriz a partir de la cual se podría abordar, desde diferentes disciplinas, un conflicto ambiental. El presente informe está organizado en tres secciones. En la primera sección se analizan: (a) los efectos de los cultivos forestales sobre los servicios ecosistémicos que proveen los pastizales naturales; (b) los efectos generados por los efluentes líquidos de las plantas de celulosa en los distintos niveles jerárquicos (molecular, individual, poblacional, comunitario y ecosistémico). En la segunda sección se modela un posible escenario de expansión de las plantaciones forestales para abastecer los requerimientos de las plantas de celulosa, considerando al mismo tiempo las restricciones derivadas de las evidencias científicas conocidas actualmente.y expuestas en la sección 1a. En la tercera sección se desarrollan los criterios, procedimientos y recomendaciones que a juicio de la comisión son imprescindibles tener en cuenta en relación a la expansión forestal y al establecimiento de las plantas. Fig. 1. Esquema donde se ejemplifica una matriz de bienes y servicios ecosistémicos del campo natural y forestación y las correspondientes apropiaciones de los costos y beneficios. Esta matriz puede completarse asignando valores de mercado o alternativamente asignando valores relativos o porcentuales con respecto al ecosistema original (campo natural). En el caso de los impactos generados por la construcción y funcionamiento de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay, podría construirse una matriz similar.
(Informe completo en ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/305682700] Carlos Pérrez Arrarte, en Semanario Brecha, Debate Abierto, 24/3/2005.
Dos empresas europeas productoras de pasta de celulosa de eucalipto se aprestan a concretar sus proyectos fabriles en las inmediaciones de Fray Bentos, sobre la ribera del río Uruguay. La inversión extranjera, ese maná tan buscado por las sucesivas conducciones económicas que han pasado, y también la nueva que asumió días pasados, vuelve a mostrar su cara contradictoria, su dualidad, que divide al país en dos bandos contrapuestos. No es fácil poner en tela de juicio inversiones que ascenderían a más de 1.500 millones de dólares. Ni qué decirlo para los gobernantes de cualquier pelo, deseosos de mostrar a corto plazo realizaciones tangibles y colosales, generación de empleo, etcétera. Pero más allá del marketing que realizan los inversores, y de los entusiasmos de los gobernantes de turno, necesitamos dar una mirada más profunda. Para la sociedad, en este momento de decisiones, lo que importa es la perspectiva de mediano y largo plazo, identificar con claridad cuánto de esa tremenda torta de riqueza aparente quedará y se derramará en el país para resolver los problemas de la gente, cómo encajan estos proyectos con la historia y la estrategia global más factible que tiene el país por delante. Una estrategia que, en este país joven y extraordinariamente dotado por la naturaleza, asigna gran relevancia a la valorización y sustentabilidad de sus recursos naturales ("Uruguay Natural"), en un concierto mundial donde las viejas sociedades occidentales han transformado y agotado sus ecosistemas básicos. No menos importante es cuestionar en qué grado este tipo de proyectos con estos montos de inversión, y de origen extranjero, se vinculan a una propuesta progresista de gobierno, que apunta a un modelo participativo y democrático de la gestión económica (además de la social y política). Bueno es señalar que éste es un típico tema de la llamada ciencia posnormal: los problemas en juego se refieren a sistemas naturales y sociales altamente complejos, los resultados previstos tienen una amplia incertidumbre, las respuestas son probabilísticas, diferentes grupos de ciudadanos tienen, legítimamente, distintas percepciones ambientales, diversas aversiones al riesgo, y valoraciones sociales y políticas contrastantes. Por lo tanto, no es un tema que incumba solamente a los científicos y técnicos, o a los economistas, o a algún ministro iluminado; Juan Pueblo es un actor clave en esta decisión, y se debe articular una movilización social que "permita leer" por dónde va la decisión nacional. Un reciente plebiscito sobre la gestión de los recursos hídricos proporciona pistas sobre la sensibilidad ciudadana en esta área de problemas. El análisis recorre primero el ámbito de la economía convencional, luego repasa los costos ambientales más notorios, e invita a los lectores/as a que estimen el saldo neto actualizado de beneficios para la vida nacional. Los ejemplos se refieren al proyecto de Botnia, por ser el más grande y el que va en curso de concretarse primero. No es trivial, sin embargo, que los proyectos sean dos, ubicados a menos de cinco quilómetros uno de otro; la congestión de impactos ambientales de los dos proyectos en un pequeño territorio sólo puede ser desconocida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que los aprobó en forma individual. Desde una perspectiva económica, interesa considerar qué agrega el proyecto a la economía nacional, frente a la alternativa de su no concreción. Es conveniente remarcar el término nacional: no interesa para esta discusión el proyecto en términos abstractos, como se lo plantea habitualmente. El proyecto llega cuando los montes ya están implantados y próximos a su turno de cosecha; las superficies existentes ya aseguran la materia prima necesaria. Si no se concretara la planta, los rolos de eucalipto serán transportados a los puertos - como ya ocurre actualmente- , posiblemente chipeados, y embarcados con destino a ultramar. Por lo tanto, las plantaciones, los fletes a la planta (puerto), y el chipeado no constituyen valor agregado por esta empresa y el proyecto. Los productores forestales también ya reciben los precios internacionales de la madera para celulosa, como materia prima para ese fin. No hay razones para pensar que el precio que percibirán los propietarios de las plantaciones por la venta de la madera, si se instalara la planta de celulosa, será más elevado que el obtenido por la venta de los chips en el mercado internacional; al contrario, la experiencia histórica de estas agroindustrias en otras partes del mundo subdesarrollado, con tal poder de mercado y político, muestra que terminan con toda la competencia local y fijan precios convenientes a sus intereses. El único valor agregado posible a la realidad actual está en la propia planta. Desde el punto de vista nacional, el único valor agregado es el que captan los nuevos empleos directos generados. Nos concretamos a la fase en que la planta estará en operaciones, lo relevante en el análisis de mediano y largo plazo; la construcción de la planta es un proceso transitorio y no cambia el argumento. Anualmente se generará empleo para 300 personas, según la empresa; unos 30 corresponden a los cargos de dirección y técnicos especializados, posiblemente extranjeros, por lo que el aporte bruto al país será de 270 personas con buenos empleos. Aunque algunos prominentes hombres de gobierno hayan aceptado acríticamente la cifra de 8 mil empleos publicitados por la empresa, la realidad es mucho más modesta. Desde el punto de vista del país no existen otros valores agregados: la empresa está en una "zona franca" que le asignó el gobierno, y por lo tanto no paga los impuestos nacionales. Los principales insumos y servicios, incluyendo la energía que requerirá la planta, son de origen internacional; tampoco habrá servicios portuarios porque las plantas tienen sus terminales portuarias propias. Esa primera transformación industrial no alimentará otras industrias de alto valor agregado en el país. Por lo tanto, no existirán encadenamientos y dinamismos significativos "hacia atrás y hacia adelante" de la empresa, en la perspectiva del país. Las utilidades económicas volarán a reunirse con los propietarios internacionales de las plantas, para remunerar convenientemente las inversiones y el riesgo. El Ministerio de Economía se deberá contentar con registrar la facturación de la empresa en las exportaciones de Uruguay, y señalar las cifras del desempeño de la planta en la estimación del producto bruto interno. Ahora corresponde visualizar los antivalores agregados a la vida nacional: los diversos impactos ambientales que caracterizan a las plantas de celulosa en todo el mundo. El punto central es el tema del agua, por los volúmenes que requiere y contamina una planta de esta naturaleza, por el carácter estratégico de este recurso en este momento de la historia de la humanidad, y por la valoración que recientemente ha realizado la ciudadanía uruguaya a ese respecto. En el caso de Botnia, la planta utilizará todos los días 86 mil metros cúbicos de agua (u 86 millones de litros). Se puede visualizar este volumen en términos de camiones cisternas de 20 mil litros diciendo que todas las mañanas la planta sacará del río Uruguay 4.300 de estas unidades. El 80 por ciento de este volumen (3.440 camiones cisternas, para seguir con la ilustración) volverá todos los días al río, pero ahora con una carga de contaminantes diversos que afectarán mortalmente la biología del río y el conjunto del ecosistema, las usinas potabilizadoras de agua para consumo humano y los usos diversos del recurso para las poblaciones asentadas en las márgenes (Fray Bentos, Las Cañas, Gualeguaychú, Nueva Palmira, Carmelo, Colonia), también los usos agrícolas del agua para el riego de cultivos y el suministro de agua a los ganados, etcétera. Estos impactos significan en algunos casos incrementos de costos sociales directos - impactos negativos sobre la salud humana, sobre los costos directos de potabilización del agua para consumo, sobre los usos agropecuarios- y en otros casos reducirán drásticamente actividades de las cuales hoy dependen muchas personas, y/o que tienen muy buenas perspectivas hacia el futuro: la pesca artesanal, la pesca y la navegación deportivas, el turismo local (el balneario Las Cañas, Carmelo), la apicultura. Nos negamos a valorar financieramente las afectaciones que se producirán sobre la diversidad biológica del ecosistema del "río de los pájaros pintados" y sus afluentes, pero no dudemos que también estará esa factura. ¿Cuántos empleos actuales vamos a perder por estos impactos, o cuántos nuevos empleos no vamos a generar a partir de la existencia de la planta? Es fácil estimar este concepto en dos (540), tres (810), cuatro veces (1.080), el número de empleos que eventualmente generará la planta. Otro aspecto a tener en cuenta en la realización del balance es la conducta del país en el manejo de un ecosistema compartido internacionalmente, como lo es el río Uruguay. Los socios que lo comparten nos medirán con el cartabón que estamos proponiendo. Si el juego es contaminar, difícilmente habrá posibilidades de exigir y reclamar cuando nuestros vecinos tomen decisiones de este tipo, que seguramente vendrán. Una conducta clara en la defensa ambiental es la única posibilidad de exigir reciprocidad en las negociaciones regionales. Estos proyectos asumen la forma típica de economías de enclave. Se denominó así en los años cincuenta a emprendimientos de empresas trasnacionales en el Tercer Mundo, donde se producían cultivos tropicales para la exportación al mundo desarrollado, que constituían verdaderos oasis productivos y tecnológicos pero en un circuito cerrado, con una reducida interacción con la economía local. Al igual que estas empresas fabricantes de celulosa, tenían sus propios puertos por donde se comunicaban con sus mercados. En sus orígenes, emprendimientos de este tipo fueron frecuentes en las denominadas "republiquetas bananeras"; la historia de la United Fruit en América Central es emblemática. Sus entornos geográficos y los países anfitriones continuaron en forma miserable. Además corrompieron la vida local y nacional con sus concentraciones de poder. (*) Investigador del Ciedur, profesor de economía ecológica en la Maestría de Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias. Adherente del grupo Guayubira ([email protected]). |