Carlos Pérrez Arrarte, en Semanario Brecha, Debate Abierto, 24/3/2005.
Dos empresas europeas productoras de pasta de celulosa de eucalipto se aprestan a concretar sus proyectos fabriles en las inmediaciones de Fray Bentos, sobre la ribera del río Uruguay. La inversión extranjera, ese maná tan buscado por las sucesivas conducciones económicas que han pasado, y también la nueva que asumió días pasados, vuelve a mostrar su cara contradictoria, su dualidad, que divide al país en dos bandos contrapuestos. No es fácil poner en tela de juicio inversiones que ascenderían a más de 1.500 millones de dólares. Ni qué decirlo para los gobernantes de cualquier pelo, deseosos de mostrar a corto plazo realizaciones tangibles y colosales, generación de empleo, etcétera. Pero más allá del marketing que realizan los inversores, y de los entusiasmos de los gobernantes de turno, necesitamos dar una mirada más profunda. Para la sociedad, en este momento de decisiones, lo que importa es la perspectiva de mediano y largo plazo, identificar con claridad cuánto de esa tremenda torta de riqueza aparente quedará y se derramará en el país para resolver los problemas de la gente, cómo encajan estos proyectos con la historia y la estrategia global más factible que tiene el país por delante. Una estrategia que, en este país joven y extraordinariamente dotado por la naturaleza, asigna gran relevancia a la valorización y sustentabilidad de sus recursos naturales ("Uruguay Natural"), en un concierto mundial donde las viejas sociedades occidentales han transformado y agotado sus ecosistemas básicos. No menos importante es cuestionar en qué grado este tipo de proyectos con estos montos de inversión, y de origen extranjero, se vinculan a una propuesta progresista de gobierno, que apunta a un modelo participativo y democrático de la gestión económica (además de la social y política). Bueno es señalar que éste es un típico tema de la llamada ciencia posnormal: los problemas en juego se refieren a sistemas naturales y sociales altamente complejos, los resultados previstos tienen una amplia incertidumbre, las respuestas son probabilísticas, diferentes grupos de ciudadanos tienen, legítimamente, distintas percepciones ambientales, diversas aversiones al riesgo, y valoraciones sociales y políticas contrastantes. Por lo tanto, no es un tema que incumba solamente a los científicos y técnicos, o a los economistas, o a algún ministro iluminado; Juan Pueblo es un actor clave en esta decisión, y se debe articular una movilización social que "permita leer" por dónde va la decisión nacional. Un reciente plebiscito sobre la gestión de los recursos hídricos proporciona pistas sobre la sensibilidad ciudadana en esta área de problemas. El análisis recorre primero el ámbito de la economía convencional, luego repasa los costos ambientales más notorios, e invita a los lectores/as a que estimen el saldo neto actualizado de beneficios para la vida nacional. Los ejemplos se refieren al proyecto de Botnia, por ser el más grande y el que va en curso de concretarse primero. No es trivial, sin embargo, que los proyectos sean dos, ubicados a menos de cinco quilómetros uno de otro; la congestión de impactos ambientales de los dos proyectos en un pequeño territorio sólo puede ser desconocida por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), que los aprobó en forma individual. Desde una perspectiva económica, interesa considerar qué agrega el proyecto a la economía nacional, frente a la alternativa de su no concreción. Es conveniente remarcar el término nacional: no interesa para esta discusión el proyecto en términos abstractos, como se lo plantea habitualmente. El proyecto llega cuando los montes ya están implantados y próximos a su turno de cosecha; las superficies existentes ya aseguran la materia prima necesaria. Si no se concretara la planta, los rolos de eucalipto serán transportados a los puertos - como ya ocurre actualmente- , posiblemente chipeados, y embarcados con destino a ultramar. Por lo tanto, las plantaciones, los fletes a la planta (puerto), y el chipeado no constituyen valor agregado por esta empresa y el proyecto. Los productores forestales también ya reciben los precios internacionales de la madera para celulosa, como materia prima para ese fin. No hay razones para pensar que el precio que percibirán los propietarios de las plantaciones por la venta de la madera, si se instalara la planta de celulosa, será más elevado que el obtenido por la venta de los chips en el mercado internacional; al contrario, la experiencia histórica de estas agroindustrias en otras partes del mundo subdesarrollado, con tal poder de mercado y político, muestra que terminan con toda la competencia local y fijan precios convenientes a sus intereses. El único valor agregado posible a la realidad actual está en la propia planta. Desde el punto de vista nacional, el único valor agregado es el que captan los nuevos empleos directos generados. Nos concretamos a la fase en que la planta estará en operaciones, lo relevante en el análisis de mediano y largo plazo; la construcción de la planta es un proceso transitorio y no cambia el argumento. Anualmente se generará empleo para 300 personas, según la empresa; unos 30 corresponden a los cargos de dirección y técnicos especializados, posiblemente extranjeros, por lo que el aporte bruto al país será de 270 personas con buenos empleos. Aunque algunos prominentes hombres de gobierno hayan aceptado acríticamente la cifra de 8 mil empleos publicitados por la empresa, la realidad es mucho más modesta. Desde el punto de vista del país no existen otros valores agregados: la empresa está en una "zona franca" que le asignó el gobierno, y por lo tanto no paga los impuestos nacionales. Los principales insumos y servicios, incluyendo la energía que requerirá la planta, son de origen internacional; tampoco habrá servicios portuarios porque las plantas tienen sus terminales portuarias propias. Esa primera transformación industrial no alimentará otras industrias de alto valor agregado en el país. Por lo tanto, no existirán encadenamientos y dinamismos significativos "hacia atrás y hacia adelante" de la empresa, en la perspectiva del país. Las utilidades económicas volarán a reunirse con los propietarios internacionales de las plantas, para remunerar convenientemente las inversiones y el riesgo. El Ministerio de Economía se deberá contentar con registrar la facturación de la empresa en las exportaciones de Uruguay, y señalar las cifras del desempeño de la planta en la estimación del producto bruto interno. Ahora corresponde visualizar los antivalores agregados a la vida nacional: los diversos impactos ambientales que caracterizan a las plantas de celulosa en todo el mundo. El punto central es el tema del agua, por los volúmenes que requiere y contamina una planta de esta naturaleza, por el carácter estratégico de este recurso en este momento de la historia de la humanidad, y por la valoración que recientemente ha realizado la ciudadanía uruguaya a ese respecto. En el caso de Botnia, la planta utilizará todos los días 86 mil metros cúbicos de agua (u 86 millones de litros). Se puede visualizar este volumen en términos de camiones cisternas de 20 mil litros diciendo que todas las mañanas la planta sacará del río Uruguay 4.300 de estas unidades. El 80 por ciento de este volumen (3.440 camiones cisternas, para seguir con la ilustración) volverá todos los días al río, pero ahora con una carga de contaminantes diversos que afectarán mortalmente la biología del río y el conjunto del ecosistema, las usinas potabilizadoras de agua para consumo humano y los usos diversos del recurso para las poblaciones asentadas en las márgenes (Fray Bentos, Las Cañas, Gualeguaychú, Nueva Palmira, Carmelo, Colonia), también los usos agrícolas del agua para el riego de cultivos y el suministro de agua a los ganados, etcétera. Estos impactos significan en algunos casos incrementos de costos sociales directos - impactos negativos sobre la salud humana, sobre los costos directos de potabilización del agua para consumo, sobre los usos agropecuarios- y en otros casos reducirán drásticamente actividades de las cuales hoy dependen muchas personas, y/o que tienen muy buenas perspectivas hacia el futuro: la pesca artesanal, la pesca y la navegación deportivas, el turismo local (el balneario Las Cañas, Carmelo), la apicultura. Nos negamos a valorar financieramente las afectaciones que se producirán sobre la diversidad biológica del ecosistema del "río de los pájaros pintados" y sus afluentes, pero no dudemos que también estará esa factura. ¿Cuántos empleos actuales vamos a perder por estos impactos, o cuántos nuevos empleos no vamos a generar a partir de la existencia de la planta? Es fácil estimar este concepto en dos (540), tres (810), cuatro veces (1.080), el número de empleos que eventualmente generará la planta. Otro aspecto a tener en cuenta en la realización del balance es la conducta del país en el manejo de un ecosistema compartido internacionalmente, como lo es el río Uruguay. Los socios que lo comparten nos medirán con el cartabón que estamos proponiendo. Si el juego es contaminar, difícilmente habrá posibilidades de exigir y reclamar cuando nuestros vecinos tomen decisiones de este tipo, que seguramente vendrán. Una conducta clara en la defensa ambiental es la única posibilidad de exigir reciprocidad en las negociaciones regionales. Estos proyectos asumen la forma típica de economías de enclave. Se denominó así en los años cincuenta a emprendimientos de empresas trasnacionales en el Tercer Mundo, donde se producían cultivos tropicales para la exportación al mundo desarrollado, que constituían verdaderos oasis productivos y tecnológicos pero en un circuito cerrado, con una reducida interacción con la economía local. Al igual que estas empresas fabricantes de celulosa, tenían sus propios puertos por donde se comunicaban con sus mercados. En sus orígenes, emprendimientos de este tipo fueron frecuentes en las denominadas "republiquetas bananeras"; la historia de la United Fruit en América Central es emblemática. Sus entornos geográficos y los países anfitriones continuaron en forma miserable. Además corrompieron la vida local y nacional con sus concentraciones de poder. (*) Investigador del Ciedur, profesor de economía ecológica en la Maestría de Ciencias Ambientales, Facultad de Ciencias. Adherente del grupo Guayubira ([email protected]).
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